viernes, 16 de febrero de 2018

La gestión de la auditoría superior en Japón


La gestión de la auditoría superior en Japón[1]
a)     Constitución
El “Consejo de Auditoría de Japón” (CAJ)[2], tiene su antecedente en 1869 bajo el Ministerio de Finanzas, una forma anterior del actual gabinete (el Ejecutivo) llamado Dajokan, quien tenía a su cargo el control directo del órgano de auditoría hasta que en la Constitución Meiji (1889), el Consejo adquirió rango constitucional para la supervisión de las finanzas públicas como un órgano independiente subordinado directamente al emperador.
En 1947, tras la catástrofe de la segunda guerra, se promulgó la actual Constitución de Japón[3], en cuyo artículo 90 se mandata que “las Cuentas definitivas de los gastos y los ingresos del Estado serán auditados anualmente por un Consejo de Auditoría y enviados por el gabinete a la Dieta (el Legislativo) junto con la declaración de auditoría, durante el año fiscal inmediatamente siguiente al periodo cubierto”.
La “Ley del Consejo de Auditoría” (Ley de 1947), mandata desde entonces al CAJ para “auditar las cuentas definitivas de los gastos y los ingresos del Estado de Japón; auditar y supervisar las cuentas públicas para asegurar su adecuación y rectificar sus defectos; y auditar los aspectos de precisión, regularidad, economía, eficiencia y efectividad y de otros aspectos necesarios de auditoría” (Art. 20). Aunque no propiamente dicha, nótese el antecedente más remoto de los criterios base de la auditoría de gestión en el mundo.
Conforme a la Ley, el CAJ es independiente del gabinete y se integra por una Comisión de Auditoría que consta de tres comisionados y una “Oficina de Ejecutivo General”. Los comisionados, quienes son nombrados por el gabinete, después del resultado de una elección mutua, proponen a quien fungirá como presidente del Consejo de Auditoría para que a su vez sea nombrado por el gabinete, con el consentimiento de ambas cámaras de la dieta. El término del mandato de los Comisarios es de siete años, con posibilidad de ser reelectos por un período adicional y, en su caso, deben retirarse al cumplir 65 años. Todo este proceso, incluido el cese de los Comisionados, debe ser avalado por el Emperador (Arts. 1-4).
En el cumplimiento de su objetivo de “supervisión de la contabilidad pública[4], el CAJ está obligado no sólo a señalar irregularidades, sino a identificar las causas y, en su caso, realizar una función positiva al facilitar su rectificación y mejora. Esto implica “poder” para presentar sus opiniones, “ordenar” auditorías y “tomar medidas” sobre violaciones o defectos, a o, en las leyes y reglamentos, así como para “impulsar las mejoras” normativas, de sistemas o administrativas que sean convenientes.
En el cumplimiento de su objetivo de “verificación de las cuentas definitivas de los ingresos y gastos del Estado”, tiene la obligación de comprobar la exactitud de las declaraciones fiscales y la adecuación de la contabilidad del Estado. En Japón la presentación de la Cuenta Pública se realiza “junto con el informe de auditoría del Consejo”, que es fundamental para la “declaración oficial de terminación de la auditoría” y que el Ejecutivo pueda presentar las cuentas definitivas a la Dieta.
El proceso de rendición de cuentas en Japón fluye en general bajo el mismo esquema que sigue en el mundo el presupuesto, sin embargo, destaca que el CAJ desarrolla la auditoría en paralelo y en tiempo real con el ejercicio, de manera que simultáneamente, cuando el Gabinete entrega la Cuenta Pública, el CAJ rinde su Informe de resultados a la Dieta para que, en su caso, apruebe el ejercicio del período cubierto y, con base en ello, valore y determine el presupuesto del ejercicio siguiente. Esto, permite que los resultados de la auditoría tiendan a reflejarse más en el presupuesto.
De acuerdo con la “Sección 5 Responsabilidades fiscales (administrativas) de funcionarios” de la Ley, el CAJ posee una característica especial, ya que, si bien no posee facultades judiciales o sancionatorias, sí las tiene para “adjudicar la responsabilidad de indemnización al Estado” y “exigir la imposición de medidas disciplinarias”. Esto significa que el CAJ puede exigir a la autoridad competente una acción disciplinaria o resarcitoria contra el funcionario” (Arts. 31 y 32). Estos procedimientos de responsabilidad administrativa se sustancian en el ámbito del gabinete y del propio Consejo, sin pasar por jurisdicción judicial alguna. Sólo “en el caso de que considere que se ha cometido un delito, lo notificará a la oficina judicial de la materia” (Art. 33).
Un distingo constitucional del CAJ, es que conforme al artículo 19 de su Ley reglamentaria, Consejo de divulgación de información y protección de datos personales (Arts. 19-2 a 19-6), el CAJ es responsable, además, de “examinar y deliberar las apelaciones en respuesta a las solicitudes de información presentadas a los órganos administrativos bajo la disposición del artículo 18 de la “Ley de Acceso a la Información en posesión de órganos administrativos” (Ley Nº 42 de 1999) y el artículo 42 de la “Ley sobre la Protección de Posesión de Información Personal” (Ley No.58 de 2003). Si bien el Consejo dispone de una “Junta de revisión de información” especializada integrada por “tres miembros que deberán servir a tiempo parcial nombrados por el presidente, entre personas de discernimiento superior, con el consentimiento de ambas cámaras”, lo cierto es que no se requirió crear una gran estructura adicional para el tema de transparencia y acceso a la información pública.
En cuanto al proceso de rendición de cuentas del CAJ, éste se asume cuando se concreta la “presentación y explicación del informe de auditoría”. Sin embargo, es común que los altos funcionarios del CAJ siempre asistan a las deliberaciones en ambas cámaras de la Dieta, lo que permite que los resultados de auditoría sean comprendidos en el siguiente proyecto y ejecución del presupuesto y responder también a las expectativas de legisladores y del público sobre la preparación del plan e implementación de las siguientes auditorías.
Finalmente, cabe destacar que el control interno o vertical del gobierno en Japón, está a cargo de los “servicios relacionados con la auditoría interna” en los ministerios, organismos y así sucesivamente. La “Oficina de Evaluación Administrativa” del “Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones”, es quien evalúa y supervisa las operaciones y actividades de agencias de gobierno, y auditoría interna de las oficinas de los gobiernos locales.
 
b)     Gestión[5]
La gestión de la fiscalización superior en Japón no es ajena a los desafíos socioeconómicos de los últimos años. La disminución de la población y el aumento de los gastos de seguridad social debido a la tasa de natalidad decreciente y el envejecimiento de la población; los cambios estructurales en las economías internacionales; los problemas globales del medio ambiente; y, particularmente la reconstrucción derivada del “gran terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011 y del accidente en una planta de energía nuclear, se han convertido en los temas de la agenda del Gobierno para enfrentar tales retos.
El enfoque de la auditoría, en respuesta, ha centrado la fiscalización en la seguridad social; educación, ciencia y tecnología; empleo público; defensa; agricultura, silvicultura y pesca; protección del medio ambiente; cooperación económica; pequeñas y medianas empresas; y tecnología de la información y comunicaciones (TIC), principalmente. En ese sentido, el CAJ ha impulsado las auditorías transversales en las políticas públicas relacionadas y ejecutadas conjuntamente por varios ministerios y organismos poniendo especial énfasis en la previsión (ex ante) y en la implementación (durante) de las mismas.
La práctica fiscalizadora destaca dos categorías: las “auditorías obligatorias” (cumplimiento financiero), que practica periódicamente; y las “auditorías discrecionales” (de gestión o desempeño), aquellas que el CAJ puede practicar cuando lo estima necesario. En ese marco de actuación, el CAJ practica los siguientes tipos de auditoría:
TIPOLOGÍA DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN EL CONSEJO DE AUDITORÍA DE JAPÓN
http://www.jbaudit.go.jp/english/img/effort/aspect_l.jpg
Como se aprecia, en la parte superior se agrupan las “Auditorías de regularidad”, esto es de la exactitud y el cumplimiento (eficacia), y en la parte inferior las “Auditorías de desempeño (de economía, eficiencia y efectividad). Ambos tipos, a su vez, se dividen en:
Auditorías de Cumplimiento
Auditorías de Desempeño
·           De exactitud (Accuracy): Sí, o no, las declaraciones de cuentas reflejen la situación financiera tal como el ejercicio del presupuesto; y
 
·           De regularidad (Regularity): Sí, o no, las transacciones financieras se procesan correctamente conforme a los presupuestos aprobados, las leyes y regulaciones.
·       De economía (economy): Sí, o no, la ejecución de proyectos y programas o ejecución del presupuesto es administrada con el mínimo costo;
 
·      De eficiencia (Efficiency): Sí, o no, los proyectos y programas generan el máximo resultado conforme al costo, o presentan el mejor resultado costo-eficiente;
 
·      De efectividad (Effectiveness): Sí, o no, los proyectos y programas alcanzan los objetivos previstos y producen los efectos esperados.
 
Al reconocer que “todavía hay muchos casos inadecuados, teniendo en cuenta que hubo casos fraudulentos o inapropiados en algunos ministerios”, el CAJ mantiene las auditorías de los aspectos de “exactitud y regularidad” al centrarse en la eficacia de la contabilidad y del presupuesto; en las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios; en los resultados de programas y proyectos, así como en la situación de los activos del Estado y los fondos otorgados como subsidios. Para ello, se pone atención especial en la autoevaluación de los auditados, aprovechando la gestión de los propios órganos de control interno del gobierno.
Sin embargo, las prioridades del CAJ se centran en las auditorías de economía, de eficiencia y efectividad y en el seguimiento de los resultados de éstas para fortalecer la competitividad y la transparencia. El seguimiento, como un mecanismo efectivo para garantizar la implementación de medidas correctivas y preventivas, es esencial para optimizar los recursos en el ejercicio del presupuesto. Más, aún, “los efectos o impacto de las actividades de auditoría en Japón no se limitan a las cantidades indebidas”. Pese que las auditorías se practican selectivamente y las irregularidades representan solo las cuentas auditadas (muestra), las medidas se imponen no sólo sobre los casos denunciados, sino en todos los supuestos, aunque no hayan sido sujetos detectados.
Es decir, que los hallazgos incorrectos, no solo se instruyen, corrigen o asesoran en el curso de la auditoría, sino que surten efecto de rectificación o mejora en operaciones similares en toda la administración pública. Tal diseño, no solo genera señalar y acusar las ilegalidades o irregularidades en las cuentas, sino una consecuencia que impulsa un efecto de ondulación disuasoria en el futuro al prevenir la repetición de casos similares posteriores. La efectividad de la auditoría es más contundente cuando no solo el Consejo, sino la Dieta, se cercioran de que las medidas de mejora se realizaron completamente.
En cuestiones de auditoría la Dieta normalmente hace todo lo posible para facilitar el ejercicio y la implementación de los resultados de auditoría. El CAJ, por su parte, además de impulsar la investigación, las TIC y la profesionalización de su capital humano, está cambiando la figura de controlador por la de acompañante en las operaciones financieras y administrativas del Estado, para optimizar la gestión pública en su conjunto.
Más aún, los mismos funcionarios del CAJ imparten los cursos de auditoría como profesores, de los auditores internos de los ministerios y agencias del Estado y de los gobiernos locales en todos los niveles, enfatizando en la prevención de la recurrencia de los hallazgos de auditoría, reforzar el control interno y mejorar los sistemas de administración pública. Todo ello, se refuerza con lo que se llama “el informe del informe de auditoría”, cuyo objeto es explicar los resultados divulgados a los auditados para una mejor comprensión y prevención, a los Vice Ministros, incluyendo altos niveles de dirección a cargo de la ejecución del presupuesto del Estado y prefecturas.
 
 
c)      Organización[6]
La estructura de organización del CAJ, está al primer nivel del gobierno, como sigue:
FUENTE: Estatus de la Consejo de Auditoría de Japón http://www.jbaudit.go.jp/english/jbaudit/status.html 27-11-2015
 
Como se aprecia, el CAJ (Board of Audit), aparece jurídica y prácticamente como un cuarto poder incrustado en el Gobierno. Destaca, la Agencia para la Reconstrucción creada a partir del “Gran Terremoto”; una Agencia Nacional de Personal que controla todos los procesos inherentes a la administración y organización del empleo y capital humano del gobierno; y una Oficina para la atención de la Casa Imperial. Nótese la centralización del control de empleo público a nivel nacional. Porque es ilustrativo, al abordar la estructura de organización del CAJ, conviene dar un vistazo al “universo de fiscalización” a continuación:


Cuadro de texto: UNIVERSO O COBERTURA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONSEJO DE AUDITORÍA DE JAPÓNCuadro de texto: FUENTE: Cobertura de Auditoría del Consejo de Auditoría de Japón en  http://www.jbaudit.go.jp/english/effort/coverage.html el 27-11-2015
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE AUDITORÍA DE JAPÓN
http://www.jbaudit.go.jp/english/img/jbaudit/orgnization1_l.jpg
FUENTE: http://www.jbaudit.go.jp/english/jbaudit/chapter1.html  Actualización al 28-11-2015


Como se observa, además de la Dieta, la Corte, y los Ministerios que integran las instituciones públicas fundamentales del gobierno, el universo de fiscalización del CAJ implica en total 450 entidades sujetas a auditoría. Para poder lograrlo, el CAJ cuenta con una estructura de organización centralizada, pues no cuenta con oficinas regionales, bajo la dirección de la “Comisión de Auditoría” (Audit Comission), representada por un Presidente y dos Comisionados quienes adoptan el sistema colegiado para garantizar objetividad, equidad e imparcialidad en sus decisiones. Se trata de una estructura de amplio alcance, pues la Comisión se concentra en la toma de decisiones mientras que una “Oficina General Ejecutiva” (General Executive Bureau) opera como líder técnico. Así, la dirección y la operación se delimitan, logrando un equilibrio entre el justo juicio y la autonomía operativa.

La Oficina General Ejecutiva (OGE) es dirigida a su vez por una Secretaría General con su respectivo Secretario General Adjunto (Deputy Secretary General, Art. 14). La OGE, se integra por una Secretaría, con su correspondiente Asistencia (Senior Asistance Secretary General), quien se encarga de auxiliar en los servicios administrativos de apoyo a toda la organización a través de las divisiones de Administración (Management Div), Relaciones Públicas; Planeación y Coordinación; Personal; Finanzas; Asuntos legales; Investigación; Asuntos internacionales y Datos electrónicos.

Además, la OGE cuenta con una “División de Desarrollo de Capacidades” (Capacity Development Div) encargada de la Oficina de Cuentas Públicas y cooperación de auditoría, así como del Centro de entrenamiento profesional en Auditoría de Annaka. Asimismo, integra las divisiones de Adjudicaciones; de Planificación de la política de auditoría (la cual además tiene a su cargo la operación de laOficina de divulgación de información pública y protección de datos personales”); de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y Salud y bienestar; y una Consejería Técnica.

Es interesante observar cómo, desde el máximo nivel se desborda la línea funcional sobre los asuntos relativos a laOficina de divulgación de información pública y protección de datos personales”, cuya operación se descarga en la división de Planificación de la Política de Auditoría, lo que evidencia el nivel de prioridad que se le presta a esa función directamente por la Comisión de Auditoría. También lo es que, aunque no se reflejan en la estructura, la propia Ley dispone que “los asuntos confidenciales” bajo las órdenes de los Comisarios estarán a cargo del Asistente del Presidente y de los Secretarios de las Comisiones respectivamente; y que “las tareas administrativas” de supervisión del trabajo ordenado, el seguimiento o reclamo del no establecimiento de las instrucciones de los superiores (control interno) estarán a cargo del “Personal Regular”; y que “las cuestiones fiscalizadoras” bajo las instrucciones de los superiores estarán a cargo del Personal Técnico (Art. 17 y 18). Es decir, se delimitan jurídicamente las responsabilidades de apoyo al máximo nivel de dirección, pero al mismo tiempo se permite cierta libertad técnica, lo que le da una gran flexibilidad sobre el control interno de la organización.

Como se observa, también bajo la coordinación de la Oficina General Ejecutiva, se encuentran las cinco Oficinas de Auditoría, (Bureaus 1º to 5º) en las que recaen las funciones sustantivas inherentes a la fiscalización superior.

Cada una de éstas es dirigida por un Director General Divisional, apoyado a su vez por un Coordinador, cuya gestión se orienta al control integral, independiente de tipos de auditoría, hacia los sectores funcionales de gobierno conforme está previsto por el Reglamento y las conciben a continuación:

 

 

 

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LAS DIVISIONES FISCALIZADORAS DEL CONSEJO DE AUDITORÍA DE JAPÓN

http://www.jbaudit.go.jp/english/img/jbaudit/bureau1_l.jpg

 FUENTE: http://www.jbaudit.go.jp/english/jbaudit/chapter1.html  Actualización al 28-11-2015

           

            Este esquema, permite apreciar que la fiscalización superior del gobierno en Japón privilegia, también, la orientación y enfoque hacia los segmentos funcionales del gobierno, en lo general, como se resume en el siguiente:

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LAS DIVISIONES FISCALIZADORAS DEL CONSEJO DE AUDITORÍA DE JAPÓN

La 1º División de Auditoría (Audit Division) tiene a su cargo las divisiones de control en Finanzas (Finance); Patrimonio Nacional (National property); Asuntos Judiciales (Judicial Affairs); Subsidios Gubernamentales (Subsidy for local Government); Relaciones Exteriores (Foreign Affairs); y Contribuciones fiscales 1 y 2 (Tax 1st an Tax 2nd);

 

La 2º División de Auditoría, tiene a su cargo las divisiones de control en Salud y Bienestar (Health & Welfare); Trabajo (Labour); Cuidados Médicos (Medical Care); Pensiones Públicas (Public Pension); y Defensa en tierra, mar y aíre (Ground Defense; Maritime Defense & Air Defense);

 

La 3º División de Auditoría, tiene a su cargo las divisiones de control en Planeación y Construcción de Vivienda (Construiction Planning & Housing); Puertos y Aviación (Port & Aviation); Recursos Hidráulicos (Water Resourses); Construcción Vial (Road Construction); Transporte Terrestre (Surface Transportation); Autopistas (Highway); y Medio Ambiente y Desarrollo Regional (Environment and Regional Development);

 

La 4º División de Auditoría, tiene a su cargo las divisiones de control en Educación Ciencia y Tecnología para Asuntos Generales (Education, Science & Technology for General Issues); Educación Ciencia y Tecnología para Educación (Education, Science & Technology for Education); Ciencia y Tecnología (Science & Technology); Agricultura (Agriculture); Infraestructura Agrícola (Agriculture Infrastructure); Ganadería y Pesca (Fisheries and Livestock); y Forestal (Forestry); y

 

La 5º División de Auditoría, tiene a su cargo las divisiones de control en Información y Comunicación (Information and Communication); la Corporación Radiodifusora de Japón y la Corporación de Telefonía y Telégrafos Nipona (NHK & NTT); Industria y Comercio (Trade & Industry); Energía y Recursos Naturales (Natural Resources & Energy); Instituciones Financieras del Gobierno (Government Financial Insttutions); Correos (Post); Asuntos Especiales de Ministerios (Special Issues for Ministries); y Auntos Especiales de Agencias (Special Issues for Agencies) 

 

La plantilla autorizada de plazas en 2014 para integrar la fuerza de trabajo del CAJ integró a “1,258 personas de alto nivel de competencia en auditoría”, que han superado la Prueba de Acceso a la Función Pública realizada por la Dirección Nacional de Personal. Como resultado de su gestión[7], en 2013 el CAJ determinó “470 casos de irregularidades que ascendieron a 54,379.07 millones de yenes” (7,341.2 millones de pesos cuando 1 peso=0.135 yenes, al 27-11-2015); “77 demandas presentadas y medidas exigidas por 353,345.64 de yenes” (47,701.7 millones de pesos); y “64 medidas de apremio adoptadas por 118,821.27 de yenes” (16,040.9 millones de pesos), lo que en total representó “611 casos por 490,745.10 millones de yenes” (66,250.6 millones de pesos)[8]. En suma, pese no disponer de auditorías de gestión abiertas, la fiscalización superior en Japón es por sí misma ejemplar.

 



[1] Japón es una monarquía constitucional, que practica una democracia parlamentaria, el pueblo no vota a un presidente, sino a los miembros del Parlamento y éstos, a su vez, votan a un Primer Ministro de entre uno de ellos. La Dieta Nacional (国会) es la asamblea, la Cámara de Representantes y la Casa de Concejales, respectivamente y órgano legislativo del Estado, formada por miembros directamente elegidos por el pueblo. El Primer Ministro es designado por la Dieta y los demás miembros del Gabinete son designados y destituidos por el Primer Ministro. El Gabinete tiene responsabilidad colectiva ante la Dieta y debe dimitir si prospera una moción de censura por parte de ésta. El gobierno local: Los gobernantes de cada prefectura son elegidos por el pueblo, pero su independencia está limitada por el presupuesto anual que el gobierno central destina a cada prefectura. El Gabinete (内閣) es la rama ejecutiva del gobierno de Japón. Lo forman el Primer Ministro y hasta 14 Ministros de Estado. www.wikipedia
[2] Para detalles de información sobre este apartado, recúrrase al http://www.jbaudit.go.jp/english/index.htmlal   (24 de julio de 2015).
[3] Firmada: HIROHITO, sello del emperador, Ley No.73 de 1947 (No.53 de 2006).
[4] Véase el detalle en Objetivos de Auditoría en http://www.jbaudit.go.jp/english/effort/objective.html
[5] Sobre detalles en este apartado, véase I. Outline of audit Activities Basic Policy on Audit for 2013 Approved by the Audit Commission on September 5, 2012 http://www.jbaudit.go.jp/english/report/pdf/fy2012report_1.pdf; y II. Summary of Audit Findings.  http://www.jbaudit.go.jp/english/report/pdf/fy2012report_2.pdf disponible el 27-11-2015
[6] Véase detalles en Chapter1 Organization http://www.jbaudit.go.jp/english/jbaudit/chapter1.html actualizado y disponible el 27-11-2015
[7] Lamentablemente, no fue posible encontrar informes de resultados de auditoría públicos del CAJ, por lo que no se incluyó el resumen de un caso práctico.

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