Goodnow (1900), contra la
pretensión de separar la política de la administración, que tiende a desligar
del derecho el control que es necesario en un sistema de partidos políticos, lo
distinguió como la autoridad que representa “la expresión de la voluntad del Estado y la ejecución de esa
voluntad"[1]. Apleby: (1945), por su
parte, afirmó que el gobierno tiene un carácter esencial que lo distinguen de
todas las organizaciones públicas o privadas: “gran alcance, impacto y
consideración; responsabilidad pública; y carácter político. Ninguna
institución tiene la amplitud del gobierno”[2].
Históricamente se han organizado distintas
formas de gobierno. Las aportaciones “puras/impuras” de los socráticos
(monarquía/tiranía; aristocracia/oligarquía; y república/democracia); “las repúblicas y principados” de Maquiavelo;
o más recientemente, las “monarquías y las repúblicas”, que describiera Jellinek[3]. Sin embargo, más recientemente Norberto
Bobbio consolida un análisis de “las formas de gobierno”[4] desde
las “tipologías clásicas” sustentadas en uno, pocos o muchos gobernantes
(monarquía, aristocracia y república) con sus respectivas formas
corruptas (tiranía, oligarquía, democracia), destacando que, si el gobierno en
toda organización política pertenece a una minoría, bajo la teoría clásica hoy
todos los gobiernos serían oligarquías. Por ello, se refiere a las “clases
autocráticas y democráticas definidas por Shumpeter en base a la organización
de la clase política y la noción de élite del poder”; y los “gobiernos mixtos”
identificados por Gaetano Mosca como “aquellos en los que el poder está
separado del poder laico y el poder económico está separado del poder político”
respectivamente.
El hecho es que, contra la antigua concepción socrática, al menos teóricamente,
hoy la democracia ya no es “una forma impura” de gobierno, sino “la opción
racional”, ya que es la que se fomenta, prevalece y a la que se aspira en
muchas sociedades del mundo. Sin embargo, desde los griegos, el poder descubrió
que es más fácil decidir y designar al gobierno entre unos cuantos, que someterlo
al juicio abierto y la elección por “asamblea popular”. Por eso hoy, es común que se reconozcan básicamente
tres sistemas de gobierno: “el parlamentario, el presidencial y el semipresidencial”.
Estos modelos, por lo general, evidencian el
esquema adoptado desde la revolución inglesa, adaptado en la revolución
francesa y consolidada con el movimiento “federalista” en América, como se
describen a continuación:
SISTEMAS DE GOBIERNO
|
· Sistema parlamentario, Es
una forma de gobierno representativa en la que el Parlamento participa en
forma exclusiva en la dirección de los asuntos del Estado. La formación del
gobierno y su permanencia dependen de la mayoría parlamentaria, ya sea por
elecciones, o bien, por una coalición. El Parlamento no comparte con ningún
otro órgano del Estado la dirección de los asuntos públicos. El Poder
Ejecutivo, está dividido entre el jefe de Estado (monarca o presidente), el
jefe de gobierno (primer ministro, presidente del gobierno o canciller) y un
Poder Legislativo, el Parlamento[5].
· Sistema presidencial, se
caracteriza por el Poder Ejecutivo (unipersonal) y el Legislativo (organizado
en dos cámaras) tienen un modo de elección diferenciada. Al disponer cada uno
de una legitimidad propia, se busca garantizar su autonomía y su
autorregulación. El Poder Judicial, a su vez, se elige de manera conjunta por
el candado de propuesta-aprobación entre el poder Ejecutivo y el poder
Legislativo, para preservar su autonomía. El principio federativo asegura la
participación de los distintos estados
· Sistema semi-presidencial,
o mixto. El presidente es autónomo, pero comparte el poder
con un primer ministro; a su vez, el primer ministro procede del Parlamento.
El Poder Ejecutivo se divide entre un jefe de Estado -el presidente de la
República- y un jefe de gobierno -o primer ministro. Cada uno tiene un origen
distinto: mientras que el presidente de la República surge directamente del
voto popular, el jefe de gobierno es designado por la mayoría parlamentaria.
El jefe de Estado normalmente desempeña una función de árbitro.
|
FUENTE: Con base en Espinoza, Toledo Ricardo,
Sistemas Parlamentario, Presidencial y Semipresidencial. Disponible en http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/sistemas_parlamentario.htm#semipresidencial 18-8-2015
Como se aprecia, se trata de regímenes políticos
constitucionales que suponen
esquemas democráticos de selección y designación de los titulares de los
poderes ejecutivo y legislativo, esto es, por el pueblo a partir de las figuras de democracia directa y democracia representativa (Hauriou; 1927)[6],
para erigirse como “representantes de la sociedad”. Estos dos poderes, a su
vez, “para preservar la independencia y la autonomía”, eligen a quienes
integran el Poder Judicial” mediante el mecanismo o candado de
propuesta-aprobación entre ambos, que es muy común en el mundo. En esencia, se
trata del mismo procedimiento que se sigue ahora para los órganos
constitucionales autónomos, lo que no deja de permear ciertas dudas sobre la
imparcialidad de la designación cuando quienes proponen y aprueban tienen los
mismos orígenes e intereses de grupo, de manera que la elección se sujeta al “mayoriteo”.
Es así, que, entre los problemas de las democracias del mundo, permea la
desconfianza ciudadana en el sistema de partidos políticos y la escasa
participación social[7],
no solo en los procesos electorales, sino en la vida civil comunitaria. Ejemplo
de ello es que en los países de la OECD (2015), la “confianza en el gobierno”,
cuya media oscila en un 42%, en países como Francia (26%), México (33%) y
Estados Unidos se encuentra por debajo de esa media. No es casual que en México
encuestas recientes indican que los niveles más bajos de confianza se
encuentran en la Presidencia (5.7); los sindicatos (5.4); senadores (5.3);
policía (5.3); diputados (5.2) y la más baja de todas la obtienen los partidos
políticos (4.9)[8].
Pese que se asume que “la
voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y que esta
voluntad se expresa mediante sufragio universal”, al contrastar el porcentaje
estimado de participación a nivel nacional en el caso de México en los procesos
electorales más recientes, destaca que solo el 47.25 por ciento[9] de
los ciudadanos registrados en el padrón acudieron a las urnas, lo que
representa un abstencionismo del 52.75%. Es decir, que, si el partido ganador
obtuvo el 31% de las votaciones, es un hecho que quien gobierna está legitimado
realmente por el 16.4% de los ciudadanos con derecho a votar, esto es, quien
gobierna lo hace realmente gracias a una minoría muchas veces cooptada o
captada, lo que evidentemente está relacionado con la escasa participación y la
desconfianza ciudadana respecto a lo público e institucional.
Si bien la democracia es considerada la opción
en los sistemas políticos actuales, muchos de los países que se asumen como
paladines de ella se encuentran lejos de colmar las aspiraciones de todos los
ciudadanos. Contra quienes creen aun que la solución a la desigualdad e
inequidad socioeconómica se encuentran en el socialismo o en el liberalismo radicales,
hoy las realidades, incluso en los países “desarrollados”, dan cuenta de una
brecha entre ricos y pobres (la oligarquía), cada vez más marcadas, de manera
que la anarquía, el crimen organizado y el terrorismo afloran aprovechando la
fragmentación y la marginación[10].
Las críticas que este hecho suscita se basan
en el deseo de redefinir los principios de la participación política, de la
gestión de los asuntos del Estado y de la construcción de sociedades más
justas. En México, se ha señalado que “la democracia ideal” es una en la que se
combinan tres elementos centrales, “libertad individual, igualdad ante la ley y
participación en la selección y vigilancia de los gobernantes” (Ugalde: 2012)[11].
Quizá la primera pueda darse como ganada, a partir del reconocimiento del
“control difuso” (Castellanos: 2015) de los derechos humanos (2011); la
segunda, parece que avanza con el reconocimiento cada vez más incisivo sobre
derechos de los indígenas, capacidades diferentes, preferencias sexuales y
equidad de género; sin embargo el tercero, implica el mayor reto, sobre todo
cuando no pocos representantes sociales carecen de ética, profesionalismo y
vocación y el control de su gestión muchas veces está subordinado al poder más
que a la técnica administrativa y la justicia social. Pese la llamada
“contraloría social”, una “caja” dispuesta como alternativa para filtrar quejas
y denuncias ciudadanas, la sanción de las faltas y el juicio político
normalmente están expuestos a una abierta discrecionalidad.
Lo cierto es que aún son escasas, y no por
descabelladas, las propuestas en contra del “paradigma” (Kuhn)[12]
de organización estatal y los regímenes políticos impuestos desde la revolución
inglesa. Touraine (2016) ha enfatizado que “debemos superar las divergencias
entre nuestros puntos de vista acerca de la democracia, a fin de ponerla no en
la cúspide de las instituciones políticas, sino en la base misma de los
movimientos, de las ideas y de los conflictos”[13].
Esto, se asume, significa que quizá algún día no muy lejano muchos pueblos, aprovechando la estructura y mecanismos que ya existen
para la elección abierta de los poderes Legislativo y Ejecutivo, al mismo
tiempo puedan elegir, también, a los representantes del poder Judicial y de los
órganos constitucionales autónomos para fortalecer la confianza en los sistemas
de justicia y hacer efectivo el control gubernamental. No es cierto que los partidos políticos, al ceder
parte de sus prebendas para construir organismos verdaderamente sociales e independientes
de los poderes tradicionales, tiendan a debilitarse, al contrario, el
nacionalismo se fortalece, el gobierno se reconoce y la administración pública
se enriquece, al tiempo que las organizaciones políticas adquieren respeto y
mayor importancia. Al final, la transgresión positiva de tales estructuras
propiciará la innovación constructiva de las instituciones públicas y un
auténtico cambio en la gobernanza, tanto en el ámbito de la inversión
productiva, como en los servicios públicos. Quizá si se tratara el punto medio aristotélico, entre lo social y lo político,
entre lo natural y lo material, y entre lo público y lo privado, el Estado pueda lograr al fin, el bien común superior
en el siglo XXI.
[1] Goodnow, Frank J., Politics
and Administration: A Study in Government, 1900, p. 97-102
[2] Véase El gobierno es diferente, de Paul Apleby, tomado de su obra Big
Democracy, 1945. en
Clásicos de la administración
pública, compilación de Jay
M. Shafritz y Albert C. Hyde, FCE, México, 1999. p-269.
[3] Jellinek, George, Teoría General del Estado, Editorial Continental, México, 1958, 2ª edición pág. 463.
[4] Bobbio, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría
general de la política. FCE, México, 2012, pp. 144-157.
[5] Wilson Woodrow, Congressional government. A study in
American politics. Princeton,
N.J 2005. Gamas Torruco José, Regímenes parlamentarios de gobierno, UNAM 1976.
[6] Ibíd
Cit. González Uribe Héctor en Teoría Política, pág. 383-400
[7] Aunque se trata de un problema generalizado en muchos países del
mundo, es revelador el Informe País
(2014), en México, que destaca “71% de la ciudadanía cree que no es importante
para las y los políticos que deberían representarles”. Asimismo, que “menos de
10% de la ciudadanía declara que participa en algún tipo de organización no
gubernamental”. Sobresale que son las organizaciones de tipo religioso, en las
cuales ha participado 12% de la ciudadanía. Disponible el 02 de noviembre de
2015 en: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf
[8] Véase indicadores de OECD, Government at a Glance 2015. http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015_gov_glance-2015,
así como Consulta Mitofski. Confianza en las Instituciones 2015.
Disponible el 28-02-2016 en http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-nstituciones
[10] El llamado BREXIT, que
propició la salida del Reino Unido de la Unión Europea recientemente (junio
2016) por la vía de referéndum, es una prueba contundente de la radicalización
de posturas aún en una de las mejores democracias. En México, el diputado Jesús Zambrano, Presidente de la Cámara
de Diputados, durante la discusión del presupuesto 2016, criticó los alcances
de la democracia mexicana, a la que califica de "imperfecta". La debilidad del Estado ante poderes
fácticos y el crimen organizado; y las limitaciones de los partidos políticos.
Véase “El Observador Parlamentario”, en El Sol de México,
03 de noviembre de 2015.
[11] Ugalde, Luis Carlos, Por una democracia eficaz. Radiografía de un
sistema político estancado. Ed. Alfaguara, México, 2102, p.99
[12] Kuhn, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas,
1962. Fondo de
Cultura Económica. http://www.conductitlan.net/libros_y_lecturas_basicas_gratuitos/t_s_kuhn_la_estructura_de_las_revoluciones_cientificas.pdf Disponible el 06-11-2015
[13] Touraine, Alain, El fin de las
sociedades, FCE, México, 2016, p. 317.
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