La idea de un buen gobierno se origina en la premisa reformadora de eficiencia en la reorganización de la burocracia en muchos países del mundo,
particularmente en el Reino Unido y en Estados Unidos a partir de los años ochenta, cuando se impulsó la llamada
“agenda de buen gobierno” cuyo objetivo fue eficientar, transparentar y reducir
la burocracia[1].
De hecho, surgió cuando permeaba la necesidad de racionalizar-adelgazar las
estructuras y mejorar la eficiencia de la administración pública[2].
La idea de que las instituciones gubernamentales necesitan administrarse de
manera muy semejante a las organizaciones empresariales.
En ese sentido, es posible inferir que la
dicotomía discursiva entre administración pública y privada fue la semilla que dio a luz al paradigma de la organización sustentada en la eficiencia atribuida a la nueva
gestión pública, una teoría que
junto con la evaluación de políticas públicas y la gobernanza pública se han
convertido en doctrinas de la administración pública contemporánea. La
conclusión, es que un buen gobierno puede generar tanta productividad, y más
aún, que la mejor de las trasnacionales privadas.
Cabe destacar que, al referir una gestión pública en términos de productividad, se
concibe aquí como una forma sintética de referir la administración pública en
términos de economía, eficiencia, eficacia, efectividad y calidad, condiciones
algunas, que incluso son principios constitucionales en muchos países del
mundo. Esto es, que, así como en la administración privada se ofrecen
productos, bienes y servicios buscando la mayor rentabilidad, no hay razón para
que en las políticas, estructuras de organización, programas, proyectos,
procesos, funciones y servicios gubernamentales no se privilegie la productividad.
Algo fundamental, es que la dicotomía entre lo público y lo privado de
la administración prácticamente es historia si se asume que la gobernanza
incluye relaciones entre las organizaciones privadas y las estatales cuando participan “en redes mixtas”[3].
El buen gobierno, al asumir la importancia factual de las redes mixtas
público-privadas, asume un cambio de gestión en el control gubernamental, ya
que la autorregulación
social, después de todo, tiene lugar en un cuadro institucional reconocido por
el Estado donde, si bien son
organizaciones civiles o privadas, al final todos son actores públicos.
Estas organizaciones, partidos,
sindicatos, los ejidatarios, comuneros o campesinos, las cooperativas, los
institutos de investigación, los líderes religiosos y las organizaciones
supranacionales o internacionales que están jugando sin responder a
responsabilidades sociales (ONG), deben obligarse, también, a actuar con un sentido
ético, abierto y democrático siempre que sus redes, interacciones, utilidades o poder económico, directa o
indirectamente, provienen, afectan o implican lo público.
Más aún, no se deben soslayar las sociedades
informales de campesinos, comerciantes, migrantes y en general grupos
marginados que cada vez crecen más frente a las desigualdades económicas, las
guerras internas por el poder y la desestabilización política en muchos países
del mundo. Estas organizaciones, aunque informales, por supuesto requieren un
trato diferencial, es decir, políticas públicas inclusivas pues tienen su causa
en déficits, deudas o asuntos pendientes de gobierno que son estructurales.
Es decir, al contrario de otras organizaciones
informales, particularmente de los grupos criminales, mafias o poderosas
familias organizadas quienes influyen negativamente en los procesos de gobierno,
implican una gestión y gobernanza públicas distintas y renovadas, por ejemplo,
mecanismos de registro y credencialización que permitan su monitoreo,
orientación y desarrollo como fuerzas participativas y productivas antes que su
marginación o represión. Es decir, poner a trabajar las estructuras del
gobierno, conjuntamente con las organizaciones formales, para sumar a los grupos
informales al desarrollo corresponsablemente.
La administración pública, al englobar un sistema unidireccional de organizaciones coordinadas y orientadas a
regular, conducir, implementar y controlar las funciones, políticas y programas
estatales, puede hacer mucho para lograr el propósito ético que centraliza la
voluntad, regula la conducta y gestiona los recursos para brindar servicios
públicos bajo condiciones de “integridad, pero también de productividad”
(Funkhouser: 2008).
No es casual que la UN reconozca que “un buen
gobierno hoy asegura que la corrupción es mínima durante el proceso de
la toma de decisiones; tiene en cuenta a la minoría y sus peticiones,
particularmente de los más desfavorecidos; y trabaja para las necesidades
presentes y futuras de la sociedad”[4].
Es decir, el que pone las instituciones y las organizaciones públicas al
servicio de la sociedad a la que se debe y obedece (Aguilar: 2013).
[1] Véase Transparencia, buen
gobierno y combate a la corrupción en la función pública. Coedición del
Fondo de Cultura Económica y Secretaría de la Función Pública, México, 2005. P
21-35.
[2] Por ejemplo en Estados Unidos, desde la campaña de J. Carter (1976) se
proponía “mejorar la eficiencia, la
eficacia y la sensibilidad del gobierno”. Y en el Reino Unido Margaret
Tatcher (1979) implementaba esquemas de la administración privada para
“racionalizar y eficientar” el Gobierno.
[3] En México el 16 de enero
de 2012 se publicó la Ley de Asociaciones
Público-Privadas (APP), cuyo objeto es regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de
asociaciones público-privadas, bajo los principios de los artículos 25 y 134 de
la Constitución, aquellos
que se realicen para establecer una relación contractual en la prestación de
servicios al sector público, que supone aumentar el bienestar social y los
niveles de inversión en el País. Actualmente en el seno
del Congreso se está gestando una segunda reforma con el objetivo de que las APP tengan una regulación
más adecuada, obligaciones claras, sanciones y reembolsos, siempre que reciben
financiamiento público, siguiendo la experiencia en Gran Bretaña, Australia y
Canadá.
[4] Véase ¿Qué es gobernanza?
¿y buen gobierno? Disponible en http://www.un.org/es/globalissues/democracy/democracy_and_un.shtml Temas mundiales. 28-10-2015
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