Auditoría
La auditoría, en un sentido histórico y
evolutivo, es quizá el primer desprendimiento teórico del control.
Etimológicamente, la palabra auditoría proviene del latín audire
que significa oír o escuchar, que se aplicaba a quienes atendían las
impugnaciones civiles contra las resoluciones de oficiales, comisarios,
procuradores o ministros en la antigua Roma. Sin embargo, en la actualidad se
le identifica también como una inspección, examen, estudio, comprobación,
verificación, investigación o evaluación, entre otras acepciones.
La Enciclopedia Británica, del inglés audit,
la define como “un examen y verificación de los libros de contabilidad, la
situación financiera y los resultados de las operaciones de una organización en
una fecha o período determinado”. Por su parte, la Real Academia Española la conceptualiza como “un
examen de la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a
lo establecido por ley o costumbre”. A partir de tales definiciones académicas
es posible explicar por qué, hasta hoy, permea la idea que tiende a limitar la
auditoría a la sola revisión o comprobación de las cuentas de una organización,
esto es, al examen o intervención puramente financiera y legalista.
De hecho, inicialmente se asumía normalmente como una función propia de
contadores y más recientemente por abogados y economistas pues se le relaciona
y limita a la revisión o examen de la contabilidad, el ciclo presupuestario y
el ejercicio de los recursos financieros en el marco de la legalidad y de lo
programado. Ello no es casual, ya que teóricamente la auditoría cobra especial
importancia principalmente en el ámbito privado durante las expediciones del
siglo XV hasta que, bajo la “Ley Británica de Sociedades Anónimas de 1862”, la
corona consideró indispensable "un sistema metódico y normalizado de
contabilidad para la prevención del fraude y una revisión independiente sobre
las cuentas de las pequeñas y grandes empresas"(López: 2008). Desde
entonces, en muchos países del mundo los contadores se asumieron como auditores
y se apercibieron de la importancia de un gran mercado del sector privado, de
manera que recomendaban, incluso, la creación de departamentos especializados
dentro de las empresas de los clientes, para encargarse, ahora como
“contralores”, de la contabilidad y la revisión simultánea y permanentemente.
Ello fue un detonante para que en 1887,
surgiera en Estados Unidos el “American Institute of CPAs”( www.aicpa.org), el Instituto Americano de Contadores Públicos, la mayor asociación
del mundo, pues hoy afilia a 400.000 profesionales de 145 países, la cual, ha
dispuesto normas que técnica y prácticamente son estándares reconocidos, entre
las que destacan las “Normas de Auditoria y Contabilidad Generalmente
Aceptadas” (NAGA) y las “Normas Internacionales de Información
Financiera” (NIIF) [1], las cuales orientan tanto la regulación y
operatividad del registro y control contable y financiero, como los principios
básicos para desarrollar una auditoría. Las NAGA, están constituidas por tres
grupos de normas que regulan 10 principios básicos, cuya finalidad es
garantizar la calidad de los auditores y de sus trabajos, como se resumen a
continuación:
Como se observa, las NAGA se refieren primero
a las “Normas generales” en la que se incluyen los requisitos y aptitudes
personales y profesionales que son indispensables en un auditor,
particularmente la formación técnica y “la independencia”, entendida ésta
última “como una actitud mental”[2],
lo que significa que sus juicios sean fundados
en los elementos objetivos, las pruebas y los hechos evidenciados del caso. Por su parte, las “Normas de ejecución del
trabajo” implican necesariamente la previsión de objetivos, alcances, muestras
y enfoques a aplicar; la organización y rigurosa supervisión de tareas y
procedimientos; un conocimiento suficiente del control interno del sistema a
auditar; y la obtención de evidencia suficiente, pertinente y competente mediante
la inspección, la observación y la confirmación, con el fin de tener una base
razonable para emitir una opinión al respecto. Finalmente, las “Normas de
Información” exigen el grado de responsabilidad que asume el auditor al emitir
su informe. En éste, generalmente se expresa si los estados financieros están
presentados de acuerdo a la aplicación de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados y se emite una opinión o dictamen del Auditor con
relación a la integridad y validez o no de la información, destacando el grado
de responsabilidad que los resultados están tomando.
Si bien las NAGA fueron concebidas
inicialmente para practicar la auditoría externa de estados financieros, un
dictamen realizado por un profesional experto en contabilidad de los libros y
registros de una entidad, y opinar sobre la razonabilidad de las cifras y sobre
el cumplimiento de las normas, en los hechos estas normas, en lo esencial, han
sido base fundamental en la práctica de otros tipos de auditorías.
Sin duda, son el acceso libre a la información y la independencia, entendida
como la integridad, objetividad e imparcialidad que debe poseer el profesional
auditor, quizás los requisitos más importantes para la realización de una
auditoría. El poder de hurgar e investigar sobre informes, hechos y
circunstancias importantes y relevantes, incluyendo cualquier salvaguarda de
confidencialidad que se aplique sobre el sujeto, objeto o sistema auditado, así
como proporcionar una opinión calificada y objetiva que provea plena confianza
al respecto, implica estar libre de influencias e intereses que comprometan el
juicio auditor. Sobre todo, cuando de la auditoría se desprenden hallazgos y se
certifican hechos que evidencian faltas, incumplimiento, fraudes o
irregularidades que implican deslindar responsabilidades administrativas
legales o económicas, e incluso causas penales.
Hasta aquí, es posible afirmar que la
auditoría, en lo general, es un examen metodológico y
crítico que realiza un profesional independiente, llámese auditor, contralor o
incluso consultor, por cuenta de otra, con el fin de evaluar y opinar sobre un
determinado sistema administrativo, que puede ser una empresa o institución,
una organización, una función, un proceso, una política, un programa, un
proyecto, un producto o un servicio.
La auditoría gubernamental, particularmente, aunque parte de objetivos
que pueden ser distintos, dependiendo del enfoque, por lo general contribuye al
proveer información y opiniones sustentadas en evidencia suficiente y
apropiada; promover la mejora continua y la confianza en el uso de los fondos y
bienes públicos, en el desempeño, la transparencia y la rendición de cuentas;
fortalecer la gestión de los organismos del gobierno; inhibir la comisión de
ilícitos o irregularidades; e impulsar cambios y mejoras en la administración
pública.
Pese que, de acuerdo con el objetivo de revisión, es común encontrar
diversas denominaciones en las auditorías que se practican en el sector público
(de regularidad, de conformidad, de legalidad, de desempeño entre otras)[3]
en la presente investigación se simplifican en solo dos tipos fundamentales:
TIPOLOGÍA FUNDAMENTAL DE LA AUDITORÍA
Las auditorías de regularidad
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Las auditorías de gestión
|
También referidas como auditorías de
conformidad, de legalidad, o de cumplimiento, cuyo enfoque es determinar si
una información u operación se ajusta, presenta o realiza conforme al marco
regulatorio aplicable. Entre éstas se incluyen las auditorías de cumplimiento
financiero, de un programa, meta o presupuesto, o de alguna normativa de
referencia o función específica como pueden ser: de obra pública,
ambientales, de recursos humanos, de seguridad, de control interno, de
sistemas o tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), etc.
|
También referidas como auditorías de desempeño,
de operación, de rendimiento, administrativas o incluso value for money,
cuyo enfoque es evaluar si la administración de un sistema, institución,
organización, función, política pública, programa o servicio en todo su
conjunto, se gestiona conforme a criterios de economía, eficiencia, eficacia
y efectividad (productividad), y proponer posibles áreas de optimización de
recursos y mejora de productos.
|
FUENTE: Concepción
propia, con base a la normativa ISSAI 3000 de la INTOSAI
Desde su nomenclatura, es posible entrever que la auditoría de regularidad
busca garantizar la observancia y acatamiento a determinada normativa (ley,
reglamento, política, criterio, lineamiento, base, procedimiento u objetivo)
sobre una función, operación, proceso o programa específico, de tal manera que
éste se realice en los términos de transparencia y rendición de cuentas
dispuestos. Está relacionada con el riesgo, de ahí, que en esta se incluyan las
investigaciones especiales orientadas a prevenir y combatir el fraude y la
corrupción, así como a promover el control interno y el respeto a la legalidad.
Se trata de que se reporten las desviaciones o violaciones existentes, para que
se tomen medidas correctivas y, en su caso, que quienes sean responsables rindan
cuentas por sus acciones al respecto.
Por su parte, la auditoría de
desempeño busca fomentar una administración, gestión o gobernanza públicas de
calidad y excelencia, identificando las fortalezas, los costos, las
oportunidades, efectos, debilidades, beneficios y áreas de oportunidad del
sistema determinado. Su importancia estratégica radica en su capacidad para
ampliar ingresos, generar ahorros y obtener economías con la evaluación de
esquemas, formas y modelos de organización y operación al contrastarlos con los
conocimientos, técnicas y mejores prácticas aplicables. Se trata no solo de una
comprobación sino de una evaluación para identificar causas y efectos y construir
indicadores que permitan optimizar la gestión pública.
Aunque adelante se abundará en ella, conviene destacar que más que el
hallazgo, la irregularidad y la comprobación, lo que importa son las
alternativas y el acompañamiento consultivo para solucionarlos (Put et al:
2011). Es la fuerza de los argumentos, sustentados en una evaluación objetiva y
constructiva lo que hace a la auditoría de desempeño un instrumento
administrativo de gestión pública sin duda muy efectivo.
[1] Los principios de contabilidad
generalmente aceptados o normas de información financiera (NIF) son un
conjunto de reglas generales que sirven de guía contable para formular
criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los
elementos patrimoniales y económicos de un ente. Se aprobaron durante la 7. ª
Conferencia Interamericana de Contabilidad, celebrada en Argentina en 1965.
[2] Según el Boletín 1010 Normas y
procedimientos de auditoría y Normas para atestiguar del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos A.C., “para que la opinión del auditor sea útil, es
necesario, que, además de estar fundada en su capacidad profesional, sea
emitida con independencia mental. Se entiende que existe independencia mental
en una persona, cuando sus juicios se fundan en los elementos objetivos del
caso. No existe independencia mental cuando la opinión o el juicio es influido
por consideraciones de orden subjetivo”.
[3] Véanse Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas www.aicpa.org ; y
Normas de Auditoría de la INTOSAI ISSAI www.intosai.org 2015
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