Gestión e innovación de tecnologías para
abatir la corrupción.
Desde el llamado gobierno de la transición a principios del siglo XXI, pasando por
el propio Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), hasta la Coordinación de la Estrategia
Digital Nacional (CEDN) que se mantiene adscrita a la Oficina de la Presidencia
en la llamada cuarta transformación (4T),
es reconocido que las tecnologías son herramientas poderosas para mejorar el
desempeño de la administración pública en nuestro país. Es así como el espíritu
legislativo que dio origen al SNA dispuso la creación de una Plataforma Digital Nacional (PDN-SNA, LGSNA: Título Cuarto) integrada por, al menos,
los aplicativos siguientes:
I.
Sistema de
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal;
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II.
Sistema de los
Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;
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III.
Sistema nacional
de Servidores públicos y particulares sancionados;
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IV.
Sistema de
información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización;
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V.
Sistema de
denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y
|
VI.
Sistema de
Información Pública de Contrataciones.
|
FUENTE: Título Cuarto, artículo 49 de la LEY General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA, DOF: 18-07-2016)
Sin duda un
importante desafío tecnológico para la Secretaría Ejecutiva del SNA. Sin
embargo, no se trata sólo de “recopilar
o concentrar” un conjunto de sistemas con cierto nivel de operación, ni “crear un
sistema electrónico del Sistema
Nacional de Fiscalización (SNF) para ampliar la cobertura e impacto de la
fiscalización”[2], sino de ir más allá al disponer,
también, que “el sistema de
información y comunicación del SNA y del SNF será la herramienta digital que
permita centralizar la información de todos los órganos integrantes de los
mismos, incluidos los órdenes federal, estatal y, eventualmente, municipal” (LGSNA:
54º). Más que la sola integración de sistemas en operación[3], se busca
potenciar grandes sumas de información (big
data), incluyendo las de los sistemas
locales.
Sin embargo,
esa no es la única fuente, ni el universo de información o la big data, estructurada o no, que puede
ser de gran utilidad en el combate a la corrupción. Debemos incluir, además, la
que se procesa por diferentes entes públicos
para ese cometido, que no necesariamente están integradas al SNA. Por
ejemplo, el valioso bagaje de aplicativos que posee el poder Ejecutivo por
conducto del Sistema de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia
Financiera, la Administración General de
Aduanas y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejo
Nacional de Armonización Contable. La que procesan los organismos reguladores,
procuradores y evaluadores con cierta autonomía constitucional y la que generan
los poderes Legislativo y Judicial por conducto de sus propios órganos de vigilancia,
control interno y externo.
Al final, más
que la cantidad de datos que hoy es posible procesar digitalmente gracias al “almacenamiento
en la nube” (Cloud Computing) o al “internet de las cosas”
(IoT), lo importante radica en la
estandarización de los servidores, dispositivos y aplicativos para su
procesamiento y desarrollo (hardware y
software), la unidireccionalidad, integridad, integralidad, el análisis estadístico
y el qué hacer con ese valioso cúmulo de información para ayudar a materializar la aspiración
superior, sin duda, que hoy acerca a la sociedad con el gobierno: abatir la
corrupción y la impunidad en México.
Para poder lograrlo, todos, particularmente los
auditores y quienes pretendemos contribuir a ese noble propósito, debemos utilizar
y promover las mejores prácticas de gestión e innovación de tecnologías
aplicadas, no sólo en el ámbito del sector público, sino en el sector privado,
especialmente en el financiero y comercial, donde son notables sus márgenes de
utilidad por las inversiones en creación, conexión y transformación de
tecnologías. Como el “blockchain”,
una infinita “cadena de bloques”, pública o privada, pertenecientes a una red
de punto a punto, o P2P (peer-to-peer), en donde los registros están
enlazados y cifrados para proteger la integridad y seguridad de “n” transacciones, que no tienen por qué
ser necesariamente contables; una tecnología que ya están desarrollado procesos,
negocios y organizaciones.
La gestión e innovación de
tecnologías en el ejercicio de la fiscalización y control
de recursos públicos
constituye el área de oportunidad más sólida y estructurada para
mejorar y potenciar los procesos de “prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción”, como se concibe:
Se
trata de conectar ciertos procesos o funciones entre sí, en un solo flujo de
operación con información distribuida y compartida para registrar, gestionar y sincronizar mensajes
o datos cifrados en formato estándar como XML o JSON de un eslabón a otro utilizando APIs,
un mecanismo útil para lograr un intercambio de información seguro[4].
Esta
aspiración no es un asunto menor, pero tampoco es imposible tratándose del
combate a la corrupción y la impunidad, dos desórdenes íntimamente ligados que
involucran a la sociedad Estado en todo su conjunto. Es así que la PED-SNA no solo se delega en la Secretaría Ejecutiva del SNA y en el
SNF, sino en todos
los órganos integrantes de los mismos, “incluidos los órdenes federal, estatal
y, eventualmente, municipal” (LGSNA:
54º). Es decir, el
espíritu legislativo compromete al SNF para tratar la innovación y buscar en
las tecnologías las herramientas de análisis, investigación, acompañamiento
consultivo y comprobación que necesita para modernizarse y optimizar, más que
fiscalizar, una gobernanza pública que aún se encuentra en proceso de gestación
y desarrollo en México.
Más
aún cuando, pese al avance evidente e inminente de las tecnologías, muy cerca del bicentenario de nuestro primer
constituyente y hacia el cierre del primer cuarto del siglo XXI, es
imposible negar que tenemos “un gobierno rico con un pueblo pobre” y
una “política económica ineficiente”[5]. Cuando
en la banca se procesan millones de cuentas individuales al día, carecemos de
un sistema de contabilidad gubernamental único y en tiempo real para toda la
República en nuestro país. Cuando al amparo de la ley desde hace muchos años pagamos
un alto e injustificado costo por sistemas administrativos repetitivos (de
nómina, de control de gestión, de almacén, de inventarios, de activos, de
servicios…) que, pese a correr bajo un mismo flujo de operación, se contratan individualmente
por cientos de entes públicos. Cuando es posible compartir en los tres órdenes
y niveles del gobierno una gran cantidad de sistemas de aplicación general. Cuando
es un hecho abrir el gobierno en formato de datos abiertos, brindar servicios
públicos y tramites digitalizados y accesibles a la población y, al mismo
tiempo, garantizar la estabilidad y seguridad de la información (sensible,
personal o reservada) y la simplicidad mediante el uso de dispositivos móviles
o portátiles. Cuando en el propio gobierno existe el potencial humano y la
capacidad para desarrollar, innovar y gestionar tecnologías propias.
Salvo la mal entendida independencia, que se
confunde con indiferencia, no hay implicación alguna para comenzar a trabajar e
invertir más recursos y esfuerzos en el desarrollo de una verdadera Plataforma
Digital Nacional que sin perjuicio de soberanías involucre la conectividad e
interoperabilidad del gobierno en todo su conjunto. Por ello, se insiste, en “el Estado administrativo” (Dwight
Waldo: 1948) de nuestro tiempo es necesario comprender que mientras
la “planeación, dirección y ejecución”,
como procesos estratégicos de las organizaciones, deben ser distribuidos y
descentralizados en los respectivos ámbitos geopolíticos, los procesos de “información y control” gubernamental
deben ser centralizados para garantizar su efectividad. Muchas tecnologías, como herramientas, ya
están aquí, el reto reside en la consolidación de los esfuerzos de la CEDN con
los de la EDN-SNA para que la 4T
cumpla su cometido.
[1]
Auditor de Gestión y Doctor en Administración Pública. Vicepresidente de
Investigación del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción y miembro de
la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño.
[2]
Véase http://guiaciudadanadelsna.org.mx/la-plataforma-digital-nacional-del-sna.html
y objetivo del Grupo de Trabajo en http://www.snf.org.mx/GTPVinformación-general.aspx
[3]
Baste destacar los relativos a CompraNet,
Declaranet,
el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados,
el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas de la Secretaría de la Función Pública, así
como el Sistema Público de Consultas de
Auditorías de la www.asf.gob.mx.
[4]
Véase “Blockchain” en https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Blockchain;
y “Qué es una API en https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/que-es-una-api-y-que-puede-hacer-por-mi-negocio
[5]
Palabras del Presidente de México en AMLO: No puede
haber gobierno rico con pueblo pobre el
1 de diciembre de 2018; y Calificadoras
castigan al país por política neoliberal ... el
5 de marzo de 2019.
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