Reflexiones en torno a la Justicia en México.

A pesar de ser una aspiración histórica, el concepto de justicia, como ideal ético, nos permite coincidir en la idea de un valor generalmente aceptado y un anhelo universal que se fundamenta en el estado de derecho que debe prevalecer en nuestra sociedad, siempre que se asuma democrática. Se trata de lograr la concordia, la estabilidad y el equilibrio en las relaciones entre las personas y las instituciones públicas en México a través de un marco normativo adecuado para solucionar las controversias o desavenencias entre los integrantes de nuestra organización social por excelencia: el Estado que, al margen de diferencias o preferencias individuales, nos une e identifica como cultura y nación, única, soberana e independiente.

Sin embargo, contra lo que se cree, la aspiración de encontrar y lograr una verdadera justicia en nuestro país continúa siendo permanente e incesante. A pesar de las promesas bicentenarias de muchos gobiernos, durante las llamadas cuatro transformaciones (la Independencia, la Reforma, la Revolución y la Cuarta Transformación), los mexicanos seguimos padeciendo una injusticia social lacerante y persistente que se refleja no sólo en el índice de estado de derecho 2023, sino en los niveles de pobreza, desigualdad, inseguridad pública, corrupción e impunidad en nuestro país. Precisamente, es en el poder Judicial, como responsable de la impartición y administración de justicia, así como de fungir como contrapeso y tutelar del equilibrio constitucional entre los poderes públicos del Estado, donde hoy se evidencian serias debilidades en torno a esa noble aspiración.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_), al aceptar la renuncia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (@ArturoZaldivarL) y recordar que “ésta será la quinta vez que envíe una terna para reemplazar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en lo que va del sexenio”, recalcó: “Voy a ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto cuatro y dos salieron conservadores”, en alusión a Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes han votado en contra de algunos proyectos de su administración. Las otras dos ministras propuestas por AMLO son Yasmin Esquivel Mossa (@YazminEsquivel_), señalada por plagio, y Loretta Ortíz Ahlf (@lorettaortiza), señalada como incondicional del obradorismo.

Aunque se trata de un proceso de designación constitucional -de propuesta ejecutiva -aprobación legislativa- y falta aún la aprobación del Senado de la República (@senadomexicano), como es tradicional en los nombramientos de los titulares de los ministros de la @SCJN, así como también de las instituciones con cierta autonomía y relevancia constitucional (como son la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), la Auditoría Superior de la Federación (@ASF_Mexico), el Banco de México (@Banxico), la Secretaría de la Función Pública (@SFP_mx) y, en general, los llamados Ramos Autónomos del Presupuesto de Egresos de la Federación), este hecho evidencia la sempiterna debilidad del mecanismo de contrapesos y equilibrios entre los poderes públicos, que es común en México y en muchos países, por el que se sigue el mismo patrón “democrático”, establecido tras la firma del Tratado de París. Sobre todo, cuando el obradorismo ha asumido el control cuasi absoluto de los poderes políticos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo y, por consecuencia, del gobierno y de la administración pública.

Contra las manifestaciones del Frente Amplio por México, desde donde se generan las más enconadas protestas de la oposición, entre muchas, en torno a los (extintos) fideicomisos del Poder Judicial, es innegable que el presidente ha tenido la razón cuando ha acusado los usos y abusos en el ejercicio de los recursos públicos en el poder Judicial y en otras instituciones con cierta autonomía y relevancia constitucional. El hecho es que algunas de esas instituciones (INEE, CIDE, INAI, Notimex, CRE, SNS, INAI, SNA, ASF.), contra su esencia y naturaleza, se han aprovechado de la autonomía y discrecionalidad que les faculta la Ley hasta incurrir en excesos, el dispendio, la soberbia, la corrupción y la impunidad, sin más control que las medidas de racionalidad que se han impuesto a partir del presupuesto.

La prueba más reciente y fehaciente de ello se dio al aprobarse la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial que sumaban 15,434 millones de pesos. Sólo de 2019 a la fecha de su cancelación, se estimó que habían generado intereses por un total 4 mil 435 millones de pesos, es decir al menos 800 millones de intereses generados por año. Entre los muchos excesos destapados destacó una partida de 380 millones de pesos dispuestos para alimentos, sólo de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024.

Si estos desórdenes son inadmisibles y reprobables, vengan de donde vengan, son más dolorosos e inaceptables, aún, cuando provienen del servicio público, sobre todo, de quienes, se supone, buscan ejercer cierta regulación y contrapesos del poder, cuyos principios éticos y morales, de integridad, honestidad, transparencia, imparcialidad y confiabilidad son ineludibles, cuando son parte de su propia naturaleza y razón de ser.

No es casual que la ministra presidenta de la @SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (@CJF_Mx), el órgano interno de control del propio Poder Judicial Federal, aceptara de inmediato la propuesta del presidente López Obrador para destinar los recursos de los fideicomisos a la ayuda de los damnificados por el impacto del Huracán ‘Otis’ en Acapulco Guerrero. Una alternativa que no sólo resolvió de tajo el conflicto por la eliminación de los fideicomisos, sino que presentó una salida para la Corte, pese a evidenciar las mentiras vertidas en torno a una supuesta vulneración de los derechos de los trabajadores del poder judicial (cuando sólo terminaron con los privilegios y canonjías millonarias de la Corte y unos cuantos), al aceptar, de facto, los argumentos para la cancelación vertidos por el titular del poder Ejecutivo y por su bancada en el poder Legislativo.

Lo anterior, llama la atención porque evidencia que, a pesar de la reforma constitucional de 1994, con la que se dieron importantes pasos para fortalecer el Estado de derecho y la autonomía del poder Judicial, aún persisten y existen, entre otros, tres desórdenes constitucionales que se deben revisar y discutir su perfeccionamiento, pues impiden la construcción de una verdadera impartición de justicia, pronta, completa e imparcial en nuestro país.

El primero, se refiere a la independencia institucional, plena, del sistema de administración e impartición de justicia con relación a los poderes políticos, a fin de limitar la vinculación, reducir la influencia o evitar la tradicional subordinación de los ministros, magistrados y jueces hacia los titulares del Ejecutivo. Al respecto, no se debe soslayar, sino debatir, la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por votación popular. No se trata de estar de acuerdo, o no, con la elección mediante el voto público de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino de encontrar mecanismos de control jurídico contemporáneos, más efectivos, para asegurar su verdadera independencia de los poderes políticos y garantizar la legitimidad, imparcialidad y objetividad de sus decisiones.

El segundo, se refiere a la independencia institucional del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con relación al propio poder Judicial Federal, a fin de evitar el conflicto del ser “juez y parte” por el que el presidente de la SCJN es, al mismo tiempo, el presidente del CJF; y garantizar los principios de transparencia, imparcialidad y objetividad que deben prevalecer en torno al control interno en la administración e impartición de justicia ampliamente cuestionada, dados los altos índices de percepción de la improductividad, corrupción e impunidad al interior del sistema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia en nuestro país.

Y, el tercero, que se manifiesta por una autonomía en materia presupuestal, mal entendida, por la que, entre otras irregularidades, se han permitido al interior del poder Judicial, y de otras instituciones públicas, por muchos años, una abierta discrecionalidad y opacidad en torno a las transferencias de recursos públicos presupuestarios a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica sin estructura orgánica alguna. Se debe establecer y dejar claro que la independencia al interior no significa indiferencia al exterior de las instituciones públicas. Si bien es fundamental facultar a las instituciones con cierta autonomía constitucional (técnica, normativa, presupuestaria y de gestión), para fortalecer su funcionamiento y resoluciones, ello no significa que estas se utilicen para fincar privilegio, concesión o capricho reglamentario, organizacional, financiero y personal alguno de las autoridades en turno.

Se trata de desórdenes de carácter jurídico estructural que es necesario someter a debate para lograr un consenso constitucional al respecto, ya que éstos, sin duda, tienen una vinculación o relación directa con la causa raíz de los problemas persistentes y crecientes de inseguridad pública, corrupción e impunidad en nuestro país. Para ningún mexicano o mexicana, por rica o pobre que sea, son desconocidos o pasan desapercibidos los crecientes índices de homicidio doloso, personas desaparecidas, robo y extorsión que no sólo se han generalizado, sino que, lamentablemente, parece que se han normalizado en muchas entidades federativas. Cada día que pasa, tras la ausencia de las autoridades, al padecer dolor, miedo y ser testigos de la ausencia del castigo a un crimen organizado cada vez más feroz, cínico y mejor pertrechado, muchos ciudadanos se están armando como autodefensas y, peor aún, haciendo justicia por propia mano decretando linchamientos en juicios sumarísimos a nombre de la comunidad, alegando que los órganos encargados de prevenir el delito, procurar e impartir justicia no lo hacen con la oportunidad debida.

La lentitud con la que se está moviendo el Estado mexicano para aportar una respuesta satisfactoria a estos fenómenos, en particular para revisar a fondo el proceso constitucional para designar a las autoridades, las estructuras de organización, los procedimientos de operación y los servicios personales de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, nos obliga a adaptar el sistema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia a las realidades sociales contemporáneas.

Cabe recordar que el otorgar a la justicia un sentido democrático, no es una iniciativa reciente o exclusiva, ya que, desde 1994, en la primera declaración de la “Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos”, contando con la presencia del Presidente de la República en ese entonces, se propuso incorporar, como principio, textualmente en el párrafo inicial del artículo 17 constitucional, “que la justicia emana del pueblo por su origen democrático como todo acto de gobierno y se administra en su nombre por ministros, magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial, independientes, imparciales, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la Ley”.