En torno al proceso de designación
del titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Por Jerónimo Salinas[1]
A pesar de que algunos diputados declararon que en el “Proceso para la designación
del titular de la Auditoria Superior de la Federación 2018-2025” la Comisión de Vigilancia (CVASF)
“hizo un trabajo pulcro”[2], las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
participantes acusaron que la decisión de la terna evidenció más “un acuerdo entre partidos que una evaluación
basada en criterios objetivos y claros[3].
Asumiendo que atendían los reclamos de las OSC, los
dirigentes del Partido
Acción Nacional (PAN) detuvieron el
proceso desde el 12 de diciembre de 2017, bajo el argumento de que “ese nombramiento debe ser hecho con la
máxima valoración y buscar al mejor perfil”. Más
recientemente, su Coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política
en la Cámara de Diputados aceptó llevar la terna a votación del Pleno el 15 de
marzo de 2018, no obstante, su protesta contra cierta alianza entre el
PRI y MORENA, que él llamó “el primor”, para nombrar a un “auditor
carnal” [4].
Sin prejuicio alguno
de que cualquiera de los 41 aspirantes resulte favorecido con el voto de
las “dos terceras partes de los diputados presentes” (CPEUM: 79), el hecho es
que el proceso de designación del titular de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) muestra el mismo impasse que la Fiscalía Especializada
de Combate a la Corrupción, los magistrados en la materia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y
los titulares de los Órganos Internos de Control de algunos organismos autónomos,
todos ellos, puestos clave de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que no
termina de consolidarse.
Cabe destacar, primero, la supuesta “unanimidad” que algunos pregonan cuando es evidente la falta de
consenso, no solo en el Pleno de la Cámara de Diputados, sino al interior de la
propia CVASF responsable del proceso, en cuyas actas (http://www.diputados.gob.mx/auditor/inicio.htm) es posible constatar la marcada
fragmentación y abstención que existe, ya sea por desinterés o desacuerdo, de
casi el 40% de sus 29 integrantes. Este solo hecho demuestra una alta
probabilidad de que la designación de una de las más
importantes figuras de nuestra sociedad Estado en México esté capturada y
sometida al acuerdo y decisión de una minoría que, sin embargo, basta no solo
para “mayoritear”, sino para transparentar y legitimar un proceso cuestionable.
Segundo, pese a que se abrió la participación
en el proceso a ciertas OSC, lo cierto es que al haber asistido como “observadores”, dicha participación pudo
generar un efecto adverso al confundirse como el aval del proceso o un posible conflicto
de interés. Y tercero, la
percepción no solo de algunos aspirantes, sino de quienes atestiguaron las
entrevistas, en cuyos videos es posible constatar no solo cierta celeridad y
desinterés en el proceso, sino la actitud, quizás displicente o inadvertida,
que es común cuando se sabe quién va a ganar, más allá de valores, capacidades
y cualidades personales y profesionales.
No es casual que esas importantes
designaciones permanezcan capturadas cuando están en juego 18,311 cargos ejecutivos y
legislativos en todo el territorio nacional (www.ine.mx), destacando la presidencia de la
República, las 500 diputaciones y 128 senadurías federales, 8 gubernaturas y la
jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Ni debemos limitarnos a “postergar los nombramientos de los fiscales
General y Anticorrupción hasta después de la elección presidencial del 1 julio”,
pues ello no garantiza que se elimine el "albazo legislativo", siempre
latente, cuando se pacte cierta mayoría[5].
Se trata de un problema estructural
que radica en nuestro régimen político, pues invariablemente sucede en los
procesos de selección de las autoridades de procuración e impartición de
justicia, de los órganos reguladores y de control gubernamental en México.
Precisamente, porque implica el control del poder por medio de instituciones que, si bien cuentan con cierta
autonomía, no serán independientes mientras continúen sujetas al paradigma de un supuesto equilibrio o contrapeso del poder
que se desprende de un Ejecutivo cuasi omnipotente y que se confirma por
un Legislativo complaciente, o viceversa. Es decir, un régimen constitucional
que somete la regulación y el control de la administración pública a una
abierta discrecionalidad política entre ese binomio del poder.
Eso no se justifica ni debe
continuar pasando desapercibido en México, pues la acción conjunta de todas
esas instituciones públicas es fundamental no solo para combatir la corrupción,
uno de los desórdenes del Estado que más nos cuesta (se estima entre 2 y 9% del
PIB), avergüenza (el lugar 135 en el mundo y el segundo país más corrupto de
América Latina) y lastima (al menos 90% de los delitos denunciados quedan en la
impunidad), sino más aún, para combatir la omisión, inacción e insuficiencia de un gobierno
cuya operación cuesta mucho más, año tras año (48% del gasto público) al amparo
de la ley. Más aún, cuando a quienes se castiga y pagan ese enorme costo, es el
50.6% de la población que vive con un ingreso inferior a la línea de bienestar
en México[6].
De
ahí, la importancia de adecuar la organización de nuestra sociedad Estado a
la realidad de nuestro tiempo. Particularmente, de dotar a la ASF de plena independencia
de los poderes públicos, algo que es elemental en toda auditoría y que nunca
ha sucedido en México, pese al Decreto anticorrupción. Una independencia,
debemos precisar, que no significa indiferencia, injerencia o inconexión del
poder político, sino una función consultiva, de coadyuvancia, acompañamiento y
servicio al gobierno en todo su conjunto.
Debemos aspirar a un control externo
gubernamental colegiado, deliberativo y centralizado, que además de fiscalizar
se oriente a optimizar la administración pública en todos los niveles del
gobierno. Transitar de la auditoría de cumplimento y de legalidad, que
se ajustan más al señalamiento y la acusación reiterada de la irregularidad, a la
auditoría de gestión y la investigación de amplio
alcance que se sustentan en el mayor rendimiento y desempeño. Aprovechar la
ventaja competitiva, única de la auditoría, de acceder al campo mismo de las instituciones
para identificar las causas de las faltas y, en su caso, que no solo se asesoren
y corrijan durante el seguimiento de la auditoría, sino que surtan efecto de
rectificación o mejora en operaciones similares en todo el gobierno. Más aún, realizar
una función constructiva que facilite la implementación, hasta su completa
ejecución, de las políticas públicas nacionales, sobre todo, aquellas
vinculadas con el presupuesto, la contabilidad, la transparencia, la rendición
y fiscalización de cuentas gubernamental.
[1]
Auditor de Gestión y Doctor en Administración Pública, aspirante en el Proceso para la designación del Titular de
la Auditoria Superior de la Federación 2018-2025, realizado del 16 de nov. al
7 de dic. del 2017.
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