Diez propuestas anticorrupción abiertas de cara a las Elecciones 2018 en México

Diez propuestas concretas Anticorrupción

De cara a las #Elecciones2018 en México.

Por Jerónimo Salinas

 

• Constituir que la realización de concursos públicos abiertos para todos los procesos de designación de los titulares de las instituciones de procuración e impartición de justicia, y de organismos autónomos de regulación, fiscalización y control gubernamental, esté a cargo de consejos técnicos de selección, deliberativos e independientes, evitando, o condicionando, la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo en esos procesos;
   
• Realizar una profunda evaluación/optimización del desempeño del gobierno en todo su conjunto (sobre la gestión, organización, infraestructura, personal, tecnologías, volúmenes de trabajo y procedimientos de operación), comenzando por las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, especialmente las estructuras y métodos de operación en materia de transparencia, fiscalización procuración e impartición de justicia;
   
• Integrar en un solo “Sistema Nacional de Responsabilización Pública” (o de Rendición de Cuentas) los sistemas nacionales anticorrupción, de transparencia y de fiscalización, así como el Consejo Nacional para la Armonización Contable, previendo que la dirección de las instancias que lo integren sea consultiva, deliberativa e independiente y que las acciones y recomendaciones derivadas de su gestión sean generales y vinculatorias para toda la República;
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Establecer una “Ley Federal de Contrataciones Públicas” (adquisiciones y obras), previendo reformar los artículos 1º de sendas leyes actuales, a fin de eliminar toda discrecionalidad hermenéutica o convencional entre gobiernos, dependencias, entidades y particulares;  

• Establecer una nueva “Ley Federal del Servicio Público Profesional de Carrera”, previendo mecanismos de decisión consultivos y de control interno independientes, para garantizar el mérito y la objetividad en los concursos públicos y en las designaciones;
   
• Garantizar el registro y aplicación de “estudios socioeconómicos objetivos e independientes” en los procesos de reclutamiento, selección y contratación de todos los servidores públicos, privilegiándolos sobre los de “control de confianza” que se realizan en algunas instituciones, a fin de identificar, dimensionar y constatar plena, digital y prácticamente a quienes se comprometen a servir al pueblo;
   
• Establecer una Ley General de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria y Contabilidad Gubernamental única para toda la República, previendo límites racionales de programación, registro, ejercicio y control del gasto de operación e inversión pública;
   
• Fortalecer los mecanismos de control legislativo sobre el manejo hacendario del presupuesto, previendo acotar la abierta discrecionalidad y opacidad del Ejecutivo sobre transferencias, subejercicios y reasignaciones, así como sobre los ramos generales (23 y 25 del PEF);
   
• implementar de inmediato” el “Sistema de Contabilidad Gubernamental” en toda la República, aprovechando las facultades y la cobertura única en la estructura pública nacional de las entidades de fiscalización y de los órganos internos de control, con el apoyo de los órganos garantes en materia de transparencia; y
   
• Reformar la “Ley de Coordinación Fiscal”, absorbiendo en ésta lo correspondiente a la “Ley para la Coordinación de la Educación Superior”, previendo mecanismos de control de la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales, a través de las Reglas de Operación y de Formulas de Distribución de Recursos más racionales.