Mi postulación en el Proceso de
designación del titular de la ASF 2018-2025
Lunes 4 de
diciembre de 2017, 14:00 horas,
Lobby del
Edificio “E” de la Cámara de Diputados
.
Contenido del discurso
Breve análisis de los Retos de la ASF y los alcances del SNA
Visión para mejorar el desempeño de los órganos de fiscalización en
México; y
Las razones que justifiquen mi idoneidad para ocupar dicho cargo.
Propuesta
Distinguidas Diputadas y Diputados, distinguida audiencia:
Celebro y agradezco a esta honorable CVASF, por la oportunidad que nos
dieron a todos los aspirantes, de ser escuchados, de ejercer nuestro derecho de
audiencia. Sobre todo hoy, cuando en torno a la designación de autoridades vinculadas
al Sistema Nacional Anticorrupción algunos colectivos civiles están dentro de
este proceso.
Si aspiramos que nuestros derechos humanos y sociales sean realidades, en
lo público, en lo que a todos nos interesa y nos es común, la colaboración, el
trabajo conjunto y la responsabilización pública, más que acciones volitivas, aparecen
como retos insoslayables.
El reto es, encontrar el punto medio entre los mecanismos de designación y
contrapesos del poder que nacieron al amparo del estado de derecho del siglo
XVIII, con otros más abiertos, inclusivos y democráticos, congruentes con la sociedad
Estado del siglo XXI.
Nuestra realidad, nos aconseja que en la designación de los titulares de
las instituciones de procuración e impartición de justicia, de los órganos
reguladores autónomos y de los órganos de control gubernamental, no debamos
dejar nada abierto a la discrecionalidad. Sobre todo, cuando aspiramos
garantizar los principios de independencia, objetividad e imparcialidad que
deben prevalecer en esas instituciones.
Necesitamos reconocer lo que en nuestra constitución y administración pública
impide nuestro desarrollo. Materializar la justicia social, eliminando las
distinciones de clase en materia agraria, sanitaria, educacional y laboral,
para conducirnos hacia un solo y mismo propósito, el desarrollo humano.
Se ha constatado, que el distingo de las
sociedades Estado más desarrolladas radica en la fortaleza y flexibilidad de la
administración pública que disponen sus gobiernos, más allá, de transiciones políticas y
tiempos electorales.
El hecho es, que nuestra administración
pública no ha sido racionalizada en todo su conjunto desde la reforma
administrativa de los 70s del siglo XX.
Hoy, 122 millones de
mexicanos contamos con una administración pública nacional donde están en juego
3,310 entes públicos que, se estima, integran al menos a 6 millones de
servidores públicos, los cuales por lo general están supeditados a un
presupuesto de egresos federal que ronda el 25 % del PIB.
Lamentablemente, está sometida no solo a una
corrupción que se estima cuesta a México entre 2% y 9% del PIB, sino más aún, a
la legalidad, opacidad
y discrecionalidad hacendaria.
Pese que México registra un empleo público 50% inferior al de la media
de los países de la OECD (MX 11%; OECD 21%) (PEA: 53%), en contraste, el costo
de operación del gobierno (48%), es casi el doble respecto de la media internacional
(26%).
Ello, evidencia una paradoja dolorosa, un gobierno con niveles de
pobreza en 46% de la población, pero relativamente caro e insuficiente.
El sitio 123 en corrupción que tenemos ganado, está relacionado con el control
del poder y el estado de derecho. Mientras que en la media de la
OECD ambos conceptos rondan una calificación cercana a 80 puntos (0.76;
0.78), es nuestro país esa calificación
oscila en 50 (0.51 y 0.56).
Estos indicadores, nos refieren a la inacción gubernamental frente a la
desorganización, el abandono y la impunidad. Un campo fértil para la
inseguridad, la corrupción y la anarquía. Pero sobre todo, nos aconsejan que el
monopolio de la ley, más que en el derecho de la autoridad a aplicarla, radica
en los límites del control social y administrativo.
Por ello, llama la atención que en esta
abierta lucha contra la corrupción, no se haya tratado de hacer vinculatorias
las recomendaciones en materia anticorrupción y en materia de auditoría de
desempeño, como sí lo fue en materia de transparencia; que no se le dé el mismo
alcance organizacional al derecho a la alimentación como al de la información;
que no se haya pensado en la posibilidad de una nueva “Ley General en materia
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”; que no se tenga ya una
contabilidad única y en tiempo real para toda la República, que no se haya
terminado de consolidar el sistema de
seguridad pública y justicia penal; que no se hayan corregido las laxitudes en las leyes del servicio
profesional de carrera, de coordinación fiscal, de coordinación de la educación
superior, y de contrataciones públicas; que no se haya hecho nada contra el
abandono e insuficiencias en los más de los municipios y contra el desaseo y
malversación en el ejercicio del gasto federalizado. 17 años reiterados.
La Auditoría Superior de la Federación, hay que decirlo y reconocerlo,
nos ha heredado ya un bagaje de propuestas normativas, de investigación y
conocimiento histórico y estadístico, que es muy valioso como punto de partida. Sin embargo, tales desórdenes no se
justifican.
Por ello, necesitamos constituir una administración pública profesional,
integral e integradora, que no esté supeditada a un solo poder, sino a la sociedad
Estado en todo su conjunto. Que sin perjuicio del pacto federal mantenga cierta unidad
constitucional, organizacional y de gestión operacional para toda la República.
Que garantice, el enlace
y cercanía que se necesita entre los
gobiernos y la población, y entre la educación y el progreso en cada municipio
y comunidades por más alejadas que estén.
La cuestión ahora es, cómo lograrlo. Precisamente,
comenzando por la casa, mejorando el desempeño
de los órganos de fiscalización en México, como esta soberanía lo sugiere.
Una estrategia de control gubernamental efectivo, es
que los órganos de fiscalización interna y externa actúen con el ejemplo. Que
sean congruentes entre lo que practican afuera y ejecutan hacia dentro.
Los órganos de control interno y externo, sin duda, poseen
una facultad y capacidad estructural única para acceder a los intersticios de
todos los entes públicos. Es decir, para inspeccionar e investigar en el campo
mismo donde se registran las operaciones. Sin embargo, debemos potenciar estas capacidades
para dar un nuevo paso: optimizar, además de fiscalizar la gestión pública.
Para poder lograrlo, se sugiere aprovechar el
potencial constitucional, de esta honorable Comisión de Vigilancia, a fin de
que su alcance en materia de evaluación y control no se limite a la Auditoría
Superior, sino que se amplíen al control interno. Es allí donde radica la
oportunidad para que exista un control más independiente y productivo de los
recursos públicos, como corresponde, por esencia, a la Cámara de Diputados en
todo buen gobierno.
Sobre todo, cuando el nuevo diseño
constitucional no previó transparencia ni publicidad alguna respecto a los
principales actos de los
órganos internos de control: las auditorías y los procedimientos de responsabilidad administrativa
sancionatoria.
Pese
que se previó que en los órganos de control interno y externo “la función de la Autoridad substanciadora,
en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora”; el
hecho es que, al final, ambas reportan a la misma autoridad para quien no pasa
desapercibido el “expediente de presunta responsabilidad administrativa”.
Esto implica un riesgo abierto, al tener
fragmentada la sanción y, sobre todo, delegarla en quienes de por sí ejercen,
al mismo tiempo, el control, la investigación, la sustanciación y la resolución
(sanción) sobre un ejecutor del gasto al que están subordinados, si no lineal,
si nominal y funcionalmente.
Debemos cambiar el paradigma de “verificar
el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas”, que prevalecen en la constitución desde 1977 (CMH) y transitar hacia
al desempeño de la gestión pública con amplio alcance.
Desprendernos, de los esquemas
arraigados desde la ex Contaduría Mayor de Hacienda. Del enfoque “puro” a la
legalidad y la contabilidad por el que se insiste
y persiste en la auditoría financiera tradicional que se ajusta más al señalamiento del
incumplimiento o la acusación, que a la investigación y comprobación de los
actos de corrupción.
Debemos reconocer que lo que está en el campo
intraorganizacional, personal y procedimental de los entes públicos, no es ni
ha sido una prioridad de los órganos de fiscalización en México. El enfoque
“puro” a resultados de la auditoría de desempeño se ha desvirtuado hasta la
nulidad de aquellos orientados a la infraestructura física, las estructuras de
organización, las capacidades y méritos del personal, los procedimientos y
volúmenes de operación y la efectividad de los servicios al ciudadano, donde
existen evidentes y enormes oportunidades de optimización de recursos.
Es
tan grave el desorden, que a simple vista es posible observarlo en las propias instancias públicas que
integran el SNA, donde se evidencia la proliferación de puestos
de supervisión, reducidos tramos de control, desmedidas especializaciones;
unidades administrativas sobredimensionadas y estructuras muchas veces
repetidas en los tres niveles del gobierno que a la larga no solo son muy
costosas, sino serán difíciles de revertir.
Eso está relacionado con la corrupción, pues
genera una cadena de omisiones, ineficiencias, lentitud de procesos, repetición
de pasos innecesarios y dispendio de
recursos, ya que, en ciertos casos, 3 de cada 4 pesos gastados en
servicios personales se concentra en solo 3 de cada 10 servidores públicos.
Sobre todo, cuando los administradores toman
decisiones estructurales sin más control que las medidas de reducción del gasto
indiscriminadas que se toman a partir del presupuesto.
Más aún,
cuando lo padecen los propios órganos de fiscalización a los que
corresponde propiciar el cumplimiento de los “Principios que rigen el
servicio público” y de actuar con el ejemplo (CPEUM: 134; LGSNA; LGRA:
Capítulo II).
Contra lo que afirman no pocos políticos y
académicos, el gobierno de México ni posee una plantilla de personal muy
grande, ni los salarios de los servidores públicos son la causa de su elevado
gasto corriente. Se ha constatado, que el impacto negativo en el costo, la suficiencia
y la eficiencia de la administración pública, obedece y está directamente
relacionado con el diseño y control de las organizaciones públicas.
Por
ello, debemos ir más allá de la corrupción y la simple “verificación” a la
innovación y el desarrollo de la gestión pública mediante un seguimiento y
acompañamiento consultivo al gobierno.
La
auditoría de desempeño, es una herramienta de fiscalización capaz de producir
recuperaciones, ahorros o economías cuantitativas y cualitativas mucho más
productivas que las registradas por la ASF en toda su trayectoria.
Contra
lo que se practica y predica, los cambios constitucionales no significan
mayores cargas de trabajo o de estructuras por necesidad, ni insistir en la
delegación de la auditoría de los recursos federales a las entidades de
fiscalización locales, o en mayores contrataciones por servicios externos ya
que, como se ha constatado, la auditoría por sí, es y debe ser selectiva,
precisa y focalizada en segmentos regionales y estratégicos, donde los
esfuerzos retribuyan más y al menor costo.
Lo que necesitamos es profundizar en sus tiempos
y procedimientos de investigación, comprobación y sustanciación, dados los
incipientes resultados e impacto histórico de sus acciones emitidas,
particularmente, de las denuncias de hechos.
Debemos transitar
de decisiones y direcciones técnicas unipersonales a a consejos técnicos
deliberativos para potenciar la fiscalización y que los resultados de su gestión surtan un efecto ondulatorio,
disuasivo y preventivo automático en toda la República.
En suma, necesitamos consolidar un verdadero
sistema de responsabilización pública, independiente y deliberativo. Que
centralice las funciones de información y control gubernamental para hacerlo
más ágil, económico y eficiente. Que brinde soporte técnico y consultivo al legislativo,
previo, durante y posterior.
No solo para la aprobación del gasto, sino
también para opinar determinadas leyes y realizar proyecciones de políticas
públicas antes de que sucedan; y, en su caso, para ayudar y acompañar al
gobierno hasta garantizar su implementación.
Distinguidas diputadas y diputados,
Estos
son en mi opinión algunos retos de los órganos de fiscalización y alcances del
Sistema Nacional Anticorrupción.
Estoy
aquí con la convicción de un ciudadano, de un auditor y consultor de gestión pública que lo único que
desea es servir, contribuir y someter su vocación, experiencia práctica e investigación
profesional en materia de control gubernamental al pueblo de México. Muchísimas gracias.
