REFLEXIÓN EN TORNO A LA MARCHA POR LA DEMOCRACIA

@Jeronimosalinas

 

La propaganda en torno a la Marcha por la Democracia, #ElINENoSeToca, programada para mañana 13 de noviembre, distorsiona la realidad. No sólo de la Reforma Electoral que propone el presidente @lopezobrador_, sino del régimen socio político mexicano en todo su conjunto. Si bien es innegable que la democracia que tenemos hoy es mucho mejor que la del siglo pasado, y no debemos admitir retrocesos, lo cierto es que aún nos falta mucho para construir una verdadera democracia en México.

 

No olvidemos que la democracia es un ideal socioestatal que evoluciona histórica y permanentemente y que, en el contexto de nuestra realidad nacional, es necesario consolidar el siguiente paso hacia un régimen político de avanzada que nos ubique más cerca de los países calificados como más democráticos, incluidos los escandinavos, varias naciones de Europa Occidental, así como Corea del Sur, Taiwán, Canadá, Australia, Uruguay y Costa Rica, entre otros.

 

Según el “Índice de democracia” reciente «Democracy Index 2021», un estudio practicado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU por sus siglas en inglés) desde el 2006, que trata de medir, en una escala de 0 al 10, el rango de la democracia en 167 países con base en el desempeño gubernamental en torno a: “proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política”; del total de los países analizados, solamente 21 son democracias plenas, mientras que 53 son defectuosas, 34 híbridas y 59 autoritarias.

 

En el caso de México se evidencia cierto retroceso pues, de ser considerada como una Democracia defectuosa, en el lugar 71, con 6.19 puntos, en 2018; en 2021 pasó al lugar 86, con una calificación de 5.57 puntos y fue clasificada como un Régimen híbrido, lo que significa que combina elementos democráticos y autoritarios, que padece más debilidades que las democracias defectuosas, que la corrupción tiende a ser generalizada, que el poder judicial no es independiente y que el Estado de derecho y la organización civil son débiles. La asumen como una forma de democracia popular, con instituciones formalmente democráticas, pero que en realidad maquillan una dominación autoritaria.

 

Estemos o no de acuerdo con el estudio, como auditor profesional y servidor público de carrera me consta que, al menos desde los ochenta, la simulación ha sido una constante vergonzosa histórica de nuestros gobiernos. Para ningún científico o académico social en México es desconocido que no sólo el INE, sino todos los organismos constitucionalmente autónomos, incluso el Poder Judicial, cuyas funciones sugieren cierto control del poder político para garantizar la justicia y los derechos humanos, o bien, para regular actividades estatales de alto nivel estratégico, están frecuentemente expuestos a la subordinación sexenal de un presidencialismo exacerbado, al “ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo” (CPEUM: Art. 80) y sujetos al absolutismo de un régimen cuasi omnipotente que alimenta la zozobra de que, de pronto, se imponga la voluntad de una persona por encima del pueblo. Sin embargo, ello no ha sido, es, ni será, culpa de presidente (a) alguno (a), sino de la estructura institucional, del régimen político y de la administración pública que nos negamos a racionalizar, fortalecer y modernizar.

 

Es cierto que México cuenta hoy con un sistema electoral sólido que implica un enorme esfuerzo logístico y político, pero también lo es que no sólo está sometido a un abstencionismo latente, al mayoriteo legislativo, al control de las minorías y a las contingencias naturales como la epidemia reciente por COVID-19, sino a una alta presión del gasto al ser considerada una de las democracias más caras del mundo en un país donde casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y, más lamentablemente aún, a la violencia e inseguridad crecientes y la pérdida del control político y territorial frente a las mafias del crimen organizado.

 

Sin embargo, asumiendo que los derechos humanos están por encima de las leyes y son obligaciones de toda autoridad, esas rupturas o capturas pueden ser reducidas hasta lograr el rescate y el control de nuestras instituciones si apelamos a la conciencia individual, a nosotros mismos como sujetos de derechos y actores sociales obligados, al mismo tiempo, de que algo debemos hacer, para recuperar la unidad y garantizar la estabilidad, la seguridad y el desarrollo del Estado, de la nación que aspiramos todos y les debemos a nuestras hijas e hijos.  

 

En ese sentido, lo prudente sería valorar y aprovechar la Reforma Electoral propuesta en todo lo que implica y se justifica para reducir el número de diputados, senadores y consejeros electorales; redefinir el mecanismo de elección de consejeros y magistrados electorales; reducir el financiamiento público a partidos políticos, los tiempos de propaganda política en radio y televisión; disminuir la participación de la consulta popular, para que sea vinculante; eliminar los órganos electorales locales; e implementar el voto electrónico. Sobre todo, para encontrar mecanismos de control y equilibrio del poder más efectivos, racionalizar la funcionalidad y las estructuras de organización de las instituciones fundamentales del Estado y organismos con cierta autonomía constitucional para garantizar la mayor independencia, imparcialidad y objetividad en las tareas de procuración e impartición de justicia, derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización gubernamental; así como para fortalecer las tareas políticas y de seguridad de los municipios.