Re-Valoremos a la Auditoría de Desempeño

 @Jeronimosalinas

Siempre, pero sobre todo a partir del penoso incidente de la “Auditoría de desempeño número 1394-DE” practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al malogrado “Proyecto del Aeropuerto de Texcoco”, la Auditoría de Desempeño, como conocimiento social, se ha minimizado en México desde su concepción política, diseño jurídico y potencial económico. El hecho es que, salvo excepcionales auditores mexicanos, desde los máximos órganos de control gubernamental, tanto interno como externo, la Auditoría de Desempeño se ha vilipendiado tanto en su constitución y organización, como en su gestión y prácticas.

Pese a que se trata de una herramienta no solo de control per se, sino de una investigación científica de amplio alcance, pues sus enfoques van más allá de verificar “el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas” (CPEUM: Art. 79-I), en México la Auditoría de Desempeño no se aprovecha para orientar las políticas públicas, diseñar las organizaciones públicas y, en general, para optimizar los procesos, los sistemas administrativos y la gestión de los servicios públicos, proponiendo, además, los medios para conseguirlo.

Mientras que el foco de la INTOSAI, en el marco de la “Agenda para el Desarrollo Sostenible hacia el 2030”, se ha centrado en la importancia de la Auditoría de Desempeño como un importante recurso de las entidades de fiscalización nacionales para orientar a los gobiernos, optimizar sus funciones y coadyuvar a alcanzar sus objetivos institucionales, hasta hoy, no hay indicios de que algo de esa envergadura se ejecute en nuestro país.

Ello es, una franca negación de que los más graves problemas sociales que aquejan a México (cambio climático, pandemia, pobreza, injusticia, inseguridad, corrupción, impunidad), además de políticas y decretos, implican resoluciones e implementaciones de mayor calado y prospectiva, pero también, que la auditoría gubernamental debe ir mucho más allá de la transparencia, de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción, esto es, hacia el impulso de nuevas formas de organización estatal y transformaciones constitucionales estructurales.

En contraste con las mejores prácticas del mundo, las prioridades del control gubernamental en México se han centrado en las auditorías con enfoque a los “fines y resultados” y al “cumplimiento puro” de la finanza y la legalidad, descuidando los enfoques de eficiencia y efectividad que son connaturales a la Auditoría de Desempeño. Mientras que en México se cree e insiste que sólo es posible obtener recuperaciones derivadas de las auditorías de cumplimiento financiero, en las mejores prácticas del mundo (USA, Alemania, China, Japón…) son notables los resultados de evaluaciones constructivas sustentadas en análisis de costo beneficio que, en un solo año, reditúan ingresos, ahorros o economías, por mucho más que los montos reportados por la ASF en los 23 años que lleva de servicio.

De allí que cada vez sea más conocida en el mundo como Value for money Audit, lo que significa que no se trata de evaluar sólo la eficacia y la economía entre el ingreso y el gasto, sino también la eficiencia y la efectividad, incluso el retorno y la productividad, de las inversiones públicas. No es casual que la normativa internacional, para distinguirla, remarque que la Auditoría de Desempeño “a diferencia de la auditoría de regularidad, está relacionada principalmente con las verdaderas intenciones detrás de las intervenciones gubernamentales” (ISSAI: 3100, p.4).

Es en la Auditoría de Desempeño donde las entidades de fiscalización de nuestro país tienen su verdadero desafío y, más aún, en el seguimiento y el acompañamiento consultivo del propio auditor que las practica para garantizar la implementación de sus resultados y recomendaciones. Debemos aspirar que los efectos o impacto derivados de las auditorías de desempeño no sólo se impongan sobre la muestra auditada, sino en todos los supuestos similares, aunque no hayan sido sujetos detectados. Es decir, que los hallazgos incorrectos, no solo se instruyan, corrijan o asesoren en el curso de la auditoría, sino que surtan efecto de rectificación o mejora en operaciones similares en toda la administración pública, de manera que generen un efecto de ondulación disuasoria para prevenir la repetición de desviaciones, faltas, fallas o inconsistencias semejantes a futuro.

Independientemente de si sea coercitiva o se siga sustentando sólo en el poder de sus argumentos y recomendaciones, debemos aspirar que la efectividad de la auditoría de desempeño no solo aplique en el control ex post, o a posteriori, de las políticas públicas y proyectos del gobierno, sino que también las evalúen antes de que sucedan para garantizar su efectividad. Que la evaluación y control aleatorios que realiza la Cámara de Diputados sobre la fiscalización superior se extienda a las actividades de los órganos de control interno de los entes públicos con cierta autonomía constitucional, ya sea para racionar o fortalecer a esas importantes instituciones del Estado mexicano, de tal manera que la sociedad civil se cerciore que las medidas de mejora se ejecuten completamente.

Debemos aspirar que no se recurra más a la simulación para mantener el todo como está en el gobierno, ni mucho menos continuar con las medidas de control, austeridad y racionalidad indiscriminadas y generalizadas que se imponen a partir del propio presupuesto y que tanto daño le han causado a nuestra administración pública nacional en los últimos 33 años. Sobre todo, porque es altamente probable que se socave la imparcialidad y la objetividad en el diseño y manejo de las estructuras institucionales cada vez que se somete al libre arbitrio y a la discrecionalidad de cada autoridad la aplicación de determinado ajuste y, más aún, cuando nuestro régimen político y los poderes públicos carecen de contrapesos verdaderamente independientes que permitan controlar su organización y gestión de manera más efectiva.

 

REFLEXIÓN EN TORNO A LA MARCHA POR LA DEMOCRACIA

@Jeronimosalinas

 

La propaganda en torno a la Marcha por la Democracia, #ElINENoSeToca, programada para mañana 13 de noviembre, distorsiona la realidad. No sólo de la Reforma Electoral que propone el presidente @lopezobrador_, sino del régimen socio político mexicano en todo su conjunto. Si bien es innegable que la democracia que tenemos hoy es mucho mejor que la del siglo pasado, y no debemos admitir retrocesos, lo cierto es que aún nos falta mucho para construir una verdadera democracia en México.

 

No olvidemos que la democracia es un ideal socioestatal que evoluciona histórica y permanentemente y que, en el contexto de nuestra realidad nacional, es necesario consolidar el siguiente paso hacia un régimen político de avanzada que nos ubique más cerca de los países calificados como más democráticos, incluidos los escandinavos, varias naciones de Europa Occidental, así como Corea del Sur, Taiwán, Canadá, Australia, Uruguay y Costa Rica, entre otros.

 

Según el “Índice de democracia” reciente «Democracy Index 2021», un estudio practicado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU por sus siglas en inglés) desde el 2006, que trata de medir, en una escala de 0 al 10, el rango de la democracia en 167 países con base en el desempeño gubernamental en torno a: “proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política”; del total de los países analizados, solamente 21 son democracias plenas, mientras que 53 son defectuosas, 34 híbridas y 59 autoritarias.

 

En el caso de México se evidencia cierto retroceso pues, de ser considerada como una Democracia defectuosa, en el lugar 71, con 6.19 puntos, en 2018; en 2021 pasó al lugar 86, con una calificación de 5.57 puntos y fue clasificada como un Régimen híbrido, lo que significa que combina elementos democráticos y autoritarios, que padece más debilidades que las democracias defectuosas, que la corrupción tiende a ser generalizada, que el poder judicial no es independiente y que el Estado de derecho y la organización civil son débiles. La asumen como una forma de democracia popular, con instituciones formalmente democráticas, pero que en realidad maquillan una dominación autoritaria.

 

Estemos o no de acuerdo con el estudio, como auditor profesional y servidor público de carrera me consta que, al menos desde los ochenta, la simulación ha sido una constante vergonzosa histórica de nuestros gobiernos. Para ningún científico o académico social en México es desconocido que no sólo el INE, sino todos los organismos constitucionalmente autónomos, incluso el Poder Judicial, cuyas funciones sugieren cierto control del poder político para garantizar la justicia y los derechos humanos, o bien, para regular actividades estatales de alto nivel estratégico, están frecuentemente expuestos a la subordinación sexenal de un presidencialismo exacerbado, al “ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo” (CPEUM: Art. 80) y sujetos al absolutismo de un régimen cuasi omnipotente que alimenta la zozobra de que, de pronto, se imponga la voluntad de una persona por encima del pueblo. Sin embargo, ello no ha sido, es, ni será, culpa de presidente (a) alguno (a), sino de la estructura institucional, del régimen político y de la administración pública que nos negamos a racionalizar, fortalecer y modernizar.

 

Es cierto que México cuenta hoy con un sistema electoral sólido que implica un enorme esfuerzo logístico y político, pero también lo es que no sólo está sometido a un abstencionismo latente, al mayoriteo legislativo, al control de las minorías y a las contingencias naturales como la epidemia reciente por COVID-19, sino a una alta presión del gasto al ser considerada una de las democracias más caras del mundo en un país donde casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y, más lamentablemente aún, a la violencia e inseguridad crecientes y la pérdida del control político y territorial frente a las mafias del crimen organizado.

 

Sin embargo, asumiendo que los derechos humanos están por encima de las leyes y son obligaciones de toda autoridad, esas rupturas o capturas pueden ser reducidas hasta lograr el rescate y el control de nuestras instituciones si apelamos a la conciencia individual, a nosotros mismos como sujetos de derechos y actores sociales obligados, al mismo tiempo, de que algo debemos hacer, para recuperar la unidad y garantizar la estabilidad, la seguridad y el desarrollo del Estado, de la nación que aspiramos todos y les debemos a nuestras hijas e hijos.  

 

En ese sentido, lo prudente sería valorar y aprovechar la Reforma Electoral propuesta en todo lo que implica y se justifica para reducir el número de diputados, senadores y consejeros electorales; redefinir el mecanismo de elección de consejeros y magistrados electorales; reducir el financiamiento público a partidos políticos, los tiempos de propaganda política en radio y televisión; disminuir la participación de la consulta popular, para que sea vinculante; eliminar los órganos electorales locales; e implementar el voto electrónico. Sobre todo, para encontrar mecanismos de control y equilibrio del poder más efectivos, racionalizar la funcionalidad y las estructuras de organización de las instituciones fundamentales del Estado y organismos con cierta autonomía constitucional para garantizar la mayor independencia, imparcialidad y objetividad en las tareas de procuración e impartición de justicia, derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización gubernamental; así como para fortalecer las tareas políticas y de seguridad de los municipios.